La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de acciones legales para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que presuntamente hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, se presentaron demandas ante tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados acusados de diversos delitos graves, entre ellos abuso sexual de menores, fraude bancario y narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses señalaron que los procedimientos buscan determinar si los involucrados ocultaron información relevante o incurrieron en falsedades durante el proceso que les permitió obtener la ciudadanía.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que quienes obtuvieron la naturalización mediante información fraudulenta enfrentarán consecuencias legales y podrían perder su estatus como ciudadanos estadounidenses.
Entre las personas sujetas a estas acciones judiciales se encuentran ciudadanos naturalizados originarios de países como Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que el gobierno continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para proceder contra personas que, según las autoridades, hayan infringido la ley y falseado información en sus trámites migratorios.
En caso de que los tribunales determinen la procedencia de las demandas, los afectados perderían la ciudadanía estadounidense y regresarían al estatus migratorio que tenían antes de su naturalización. Asimismo, dejarían de contar con las protecciones legales asociadas a la ciudadanía, incluida la protección frente a procesos de deportación.
La medida forma parte de la política migratoria impulsada por la administración Trump desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, caracterizada por un endurecimiento de las acciones de control migratorio y revisión de procedimientos relacionados con la obtención de beneficios migratorios.
