A menos de cuatro meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos, funcionarios electorales estatales de ambos partidos minimizaron las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre presuntas vulnerabilidades en la infraestructura electoral y señalaron que la información presentada por su administración no aporta elementos nuevos.
Las declaraciones surgieron durante una conferencia nacional de funcionarios electorales celebrada en Boston, en la que participaron representantes de 37 estados. Aunque el encuentro se realizó pocos días después del mensaje del mandatario sobre la seguridad de las elecciones, varios asistentes indicaron que el tema apenas ocupó espacio en la agenda.
En entrevistas con CNN, funcionarios republicanos y demócratas señalaron que los documentos desclasificados por la administración contenían información conocida y cuestionaron la interpretación de los datos utilizados para respaldar las denuncias sobre supuestos registros de personas no ciudadanas en los padrones electorales.
Matt Crane, director de la Asociación de Secretarios de Condado de Colorado, afirmó que varios colegas reaccionaron con escepticismo al contenido de la presentación presidencial. Otro funcionario republicano, que solicitó el anonimato, aseguró que los informes difundidos eran antiguos y que ya habían sido revisados previamente por las autoridades electorales.
Durante su mensaje, Trump sostuvo que existían amenazas relacionadas con China y Venezuela y presentó cifras sobre personas no ciudadanas presuntamente registradas para votar en distintos estados. Sin embargo, funcionarios estatales señalaron que esos datos requieren verificaciones adicionales y que no constituyen evidencia de fraude electoral generalizado.
En Carolina del Norte, el director ejecutivo de la Junta Electoral Estatal, Sam Hayes, explicó que las autoridades realizarán una revisión independiente antes de tomar cualquier medida sobre los registros señalados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En Georgia, funcionarios electorales indicaron que, de los más de 2 mil registros observados por el gobierno federal, únicamente alrededor de 20 correspondían a personas que habían emitido un voto en el estado.
Las autoridades electorales coincidieron en que impedir el registro y la participación de personas no ciudadanas sigue siendo una prioridad, aunque insistieron en que cualquier depuración debe realizarse conforme a los procedimientos legales y con verificaciones individuales.
Uno de los casos que generó mayor atención fue el de Nueva Jersey, donde el gobernador informó que un error informático en la Comisión de Vehículos Motorizados incorporó de manera indebida a aproximadamente 6 mil 600 personas no ciudadanas al padrón electoral. De ellas, alrededor de 400 habrían emitido votos de forma irregular, situación que ya es investigada por las autoridades.
Por otra parte, funcionarios estatales también expresaron preocupación por las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien advirtió sobre posibles sanciones e incluso procesos penales para autoridades electorales que no atiendan las solicitudes del gobierno federal relacionadas con los registros de votantes.
Aunque varios responsables electorales reconocieron tomar en serio esas advertencias, afirmaron que continuarán aplicando los procedimientos establecidos por la ley para verificar la información y garantizar la integridad de los procesos electorales.
