La Fiscalía General de la República informó que investiga posibles irregularidades en la actuación de autoridades estatales y militares durante el operativo realizado en Chihuahua donde fue localizado un megacomplejo para la producción de drogas sintéticas.
El vocero de la institución, Ulises Lara, señaló que además de las investigaciones relacionadas con el laboratorio clandestino, la dependencia abrió líneas de investigación por posibles delitos vinculados con ejercicio ilícito de atribuciones y seguridad nacional.
Indicó que ya fueron entrevistados agentes de la Fiscalía de Chihuahua y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que habrían participado en labores de seguridad perimetral tras el hallazgo del inmueble.
La FGR busca determinar si existió una investigación ministerial previa adecuada y si el operativo se desarrolló conforme a los procedimientos legales correspondientes.
El caso adquirió relevancia política luego del accidente ocurrido el 19 de abril, en el que murieron dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua cuando regresaban de un operativo antidrogas en el municipio de Morelos.
La situación generó tensiones entre México y Estados Unidos debido a versiones sobre una presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia en labores de investigación dentro de territorio mexicano.
El gobierno federal sostuvo que no tenía conocimiento previo de la participación de agentes estadounidenses en actividades de campo, situación que podría contravenir disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
El laboratorio clandestino localizado en Morelos, Chihuahua, fue descrito por autoridades como uno de los mayores complejos recientes para la fabricación de drogas sintéticas en México, con miles de litros de precursores químicos y equipo especializado.
El caso ocurre en medio de la presión del gobierno estadounidense para reforzar el combate contra la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas atribuidas a grupos criminales mexicanos.
También coincide con nuevas tensiones políticas derivadas de señalamientos en Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y la facción de Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, acusaciones que el gobierno mexicano ha rechazado por considerar que carecen de pruebas.
