El Dr. Emiliano Duering destacó la necesidad de impulsar normativas preventivas orientadas a la educación cívica, en lugar de enfoques centrados en la sanción.
El urbanista y docente investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dr. Emiliano Duering Cufré, encabezó la conferencia “Ciudades Incluyentes: accesibilidad, discapacidad y derecho a la ciudad”, como parte del segundo Congreso por los Derechos Humanos y Construcción de la Paz, organizado por la capital queretana bajo la temática de “Ciudad con futuro, inclusión, innovación y dignidad”.

En el marco de esta conversación, compartió un diagnóstico del entorno urbano existente, advirtiendo los factores que reproducen la segregación espacial, destacando que —en Querétaro— al 47 por ciento de la población le cuesta caminar o subir y bajar escaleras, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El ponente contrapuso el modelo de ciudad disciplinaria y especulación inmobiliaria frente a la urgencia de fomentar la apropiación social del espacio público entre las y los habitantes.

Para normar las transformaciones del territorio, el investigador planteó un esquema fundado en cuatro principios éticos e inspirados en las filosofías de Confucio y Tomás Moro. La propuesta establece no modificar los bienes comunes para provecho exclusivo de unos pocos, garantizar voz previa a quienes asumirán las consecuencias de un proyecto y exigir la reparación obligatoria de daños urbanos a quien los cause.

El académico enfatizó que una sociedad bien organizada requiere normativas preventivas que prioricen la educación cívica y la coproducción del conocimiento por encima de esquemas punitivos. Asimismo, reiteró la trascendencia de la educación superior en la formulación de proyectos que defiendan los derechos humanos en Querétaro.

Asimismo, Duering Cufré compartió que se alista una propuesta para incorporar el derecho a la ciudad en el Código Municipal de Querétaro y en la Constitución del estado. Señaló que se trata de un documento en construcción, para el que se han iniciado reuniones con colectivos para discutirlo y enriquecerlo, con el propósito de establecer obligaciones concretas para las autoridades y mecanismos que permitan a la ciudadanía participar en las decisiones sobre la transformación de su entorno y dar seguimiento a sus efectos.

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