Julio Herrera
El choque entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego no es un pleito personal ni un episodio mediático aislado. Es la exposición pública de una falla estructural: durante décadas, las élites económicas mexicanas operaron al margen de controles fiscales reales. Hoy, cuando el Estado intenta corregir ese rezago, la resistencia se vuelve política, digital y simbólica.
Los hechos son simples. Hacienda exige a Grupo Salinas alrededor de 4,000 millones de dólares. La Suprema Corte —renovada, alineada al proyecto gobernante— confirmó 2,500 millones como deuda firme. Salinas reconoce atrasos, reduce la cifra, ofrece 400 millones. El Gobierno clausura casinos, revisa contratos, endurece auditorías. El conflicto escapa del ámbito técnico y se coloca donde siempre debió explicarse: el poder económico está acostumbrado a negociar la frontera entre ley e influencia. Cuando la frontera se cierra, responde con guerra política.
Salinas no actúa solo como empresario. Utiliza su ecosistema mediático y digital para construir un antagonismo personalizable: él como “Tío Richi”, outsider presuntamente anticorrupción; Sheinbaum como representante de un Estado que —según su narrativa— castiga a quien lo critica y protege a delincuentes. Es una simplificación útil para movilizar a quien ya desconfía del gobierno. Le aporta combustible a una aspiración más amplia: convertirse en figura política nacional sin asumir responsabilidad institucional.
El Gobierno tampoco opera en vacío. La estrategia fiscal es necesaria: México arrastra décadas de privilegios tributarios para grandes corporaciones. Pero la rapidez del fallo judicial y la coincidencia político-electoral permiten a Salinas presentarlo como persecución. En política, la forma importa tanto como el fondo; y el Gobierno lo sabe. Aun así, insiste: si cede ante un conglomerado, pierde autoridad frente a todos los demás.
El sector empresarial observa el conflicto con una mezcla de incomodidad y cálculo. La exigencia fiscal a Samsung por 16,000 millones de dólares demuestra que el mensaje no es exclusivo para un magnate. Pero la narrativa de “agresividad fiscal” empieza a ganar terreno fuera del país. Sheinbaum enfrenta su propia prueba: ejercer el poder sin deteriorar la confianza económica que sostiene crecimiento y estabilidad.
No se trata solo de quién tiene la razón legal. Se trata de quién controla el marco interpretativo. Salinas apuesta por la indignación social y por un discurso antiestablishment diseñado para el ecosistema digital. Sheinbaum apuesta por la fortaleza institucional y por la idea de que nadie —ni los más ricos— está por encima de la ley. Ambas son apuestas políticas, no solo administrativas.
El resultado no está definido. Lo claro es que esta disputa revela algo incómodo: México sigue atrapado entre un Estado que intenta afirmar autoridad y una élite acostumbrada a esquivarla. El desenlace marcará el tono del sexenio y la capacidad real del gobierno para disciplinar a quienes históricamente han operado con inmunidad.
