El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, durante un evento público del Día de Muertos, encendió las alarmas del Gobierno federal y evidenció la creciente vulnerabilidad de las autoridades municipales ante el avance del crimen organizado en México.
En los últimos doce meses, al menos diez presidentes municipales han sido asesinados en distintos estados del país. La ola de violencia inició el 6 de octubre de 2024 con el homicidio de Alejandro Arcos Catalán, edil priista de Chilpancingo, Guerrero, y desde entonces los ataques se han extendido por Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán y otras entidades con fuerte presencia de grupos criminales.
El caso de Manzo Rodríguez, un alcalde independiente, ha generado indignación nacional. En Michoacán se registraron protestas y enfrentamientos con la policía, mientras el Gobierno federal confirmó que el funcionario contaba con protección oficial reforzada desde inicios de 2025, lo que aumenta la preocupación sobre la capacidad del Estado para proteger a sus propios representantes.
En Uruapan, una ciudad de unos 360 mil habitantes, operan al menos cinco organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya, grupos que se disputan el control territorial y las economías ilícitas de la región.
El eslabón más débil
“El nivel municipal es el eslabón más débil de las estructuras de gobierno en México”, señaló a La de Hoy Querétaro el profesor e investigador de la UNAM, Javier Oliva.
“En un país con un modelo federalista pero una práctica centralista, los municipios son los que salen peor librados, con presupuestos limitados que explican no solo sus problemas de seguridad, sino también de servicios, salud e infraestructura”, añadió.
De acuerdo con la organización Data Cívica, en su informe Votar entre Balas, el 80 % de las víctimas de violencia político-criminal en México pertenecen al nivel municipal. El estudio advierte que los alcaldes y las policías locales son los primeros blancos del crimen organizado, al ser responsables de la seguridad pública sin contar con los recursos ni las condiciones para enfrentar a las estructuras del narcotráfico.
Impunidad y desafío
Para el especialista Oliva, el asesinato de Manzo Rodríguez envía un mensaje claro al Gobierno federal: “impunidad y desafío”.
“Esa es la evidencia que deja este crimen, junto con la falta de responsabilidad de los gobiernos estatales que no han podido contener la expansión criminal”, advirtió.
Estados como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Guanajuato también figuran entre los más golpeados por la violencia política de los últimos años.
Pese a ello, Oliva lamentó que el nuevo Plan Michoacán, presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum, no contemple medidas específicas para desmantelar las estructuras criminales.
“Se habla de prevención, desarrollo y coordinación institucional, pero no hay un solo punto enfocado al combate directo de las organizaciones delictivas”, apuntó.
