El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump y la comunidad internacional no permanecerán “de brazos cruzados” tras las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones”.
A través de un mensaje publicado en la red social X y de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio sostuvo que las declaraciones del mandatario nicaragüense evidencian el carácter autoritario de su gobierno y el de la copresidenta Rosario Murillo.
“Han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular”, señala el comunicado difundido por la diplomacia estadounidense.
Las reacciones surgieron luego de que Ortega, durante un acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, asegurara que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones para evitar que la oposición acceda al poder. También anunció que la Asamblea Nacional aprobará nuevas leyes para impedir la actuación de quienes calificó como “golpistas” y “vendepatria”.
Las declaraciones del mandatario generaron críticas de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que son incompatibles con los principios de la democracia representativa, mientras que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) llamó a la comunidad internacional a respaldar el derecho de los nicaragüenses a celebrar elecciones libres.
Integrantes de la oposición también interpretaron el mensaje como la confirmación de que el gobierno abandona cualquier apariencia de competencia política. El excandidato presidencial Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos desde 2023, declaró al The New York Times que Ortega “enterró la democracia nicaragüense hace ya mucho tiempo” y que sus recientes declaraciones evidencian esa situación.
Nicaragua debía celebrar elecciones presidenciales a finales de 2026. Sin embargo, una reforma constitucional aprobada en 2025 aplazó los comicios hasta 2027, al tiempo que amplió el periodo presidencial, estableció la figura de la copresidencia y modificó la estructura institucional del Estado.
Las elecciones presidenciales de 2021 ya habían sido ampliamente cuestionadas por gobiernos y organismos internacionales debido a la detención de aspirantes opositores antes de la votación y la ausencia de competencia efectiva. En ese proceso, el Frente Sandinista de Liberación Nacional declaró vencedor a Ortega con el 75.92 % de los votos.
Desde su regreso al poder en 2007, Ortega ha impulsado diversas reformas legales y constitucionales que, según organizaciones internacionales y sectores opositores, han reducido los contrapesos institucionales y restringido la participación política. Estas reformas han sido objeto de críticas por parte de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos.
