El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996 en el estrecho de Florida, un episodio que provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría.
El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, anunció en Miami que Castro enfrenta cuatro cargos de asesinato, además de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
La acusación representa una nueva escalada en la presión de Washington sobre la cúpula cubana y ocurre en un contexto de fuerte crisis económica y energética en la isla, así como de endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba bajo la administración del presidente Donald Trump.
Aunque Raúl Castro dejó formalmente la presidencia y la dirigencia del Partido Comunista en 2021, continúa siendo considerado una de las figuras más influyentes dentro del sistema político cubano.
El derribo de las avionetas
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas Cessna de la organización Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas MiG-29 cubanos durante una misión aérea sobre el estrecho de Florida.
En el ataque murieron cuatro personas: los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, además del cubano Pablo Morales.
Una tercera aeronave logró escapar del ataque. Era pilotada por José Basulto, fundador de la organización integrada por exiliados cubanos en Miami.
Hermanos al Rescate surgió durante la crisis migratoria cubana de la década de 1990, en pleno Período Especial, inicialmente para localizar y auxiliar a balseros que intentaban llegar a Florida. Sin embargo, con el tiempo comenzó a realizar sobrevuelos sobre territorio cubano y lanzamiento de octavillas políticas en La Habana, acciones que el gobierno de Fidel Castro consideraba una provocación y una amenaza para la seguridad nacional.
Mientras Estados Unidos y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Aviación Civil Internacional sostuvieron que las avionetas fueron derribadas en aguas internacionales, Cuba defendió que la operación ocurrió dentro de su espacio aéreo.
El papel atribuido a Raúl Castro
En aquel momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y uno de los principales responsables militares del país.
Investigadores y exfuncionarios cubanos exiliados han señalado durante años que Fidel Castro habría tomado la decisión política de ejecutar la operación, mientras que Raúl Castro dirigió su implementación militar.
Entre las pruebas que podrían ser utilizadas en el nuevo proceso judicial figura una grabación filtrada en 2006, atribuida a Raúl Castro, en la que aparentemente ordena derribar las aeronaves “en el mar” si reaparecían cerca de Cuba.
Además, los servicios de inteligencia cubanos habían infiltrado previamente a un agente dentro de Hermanos al Rescate: Juan Pablo Roque, quien proporcionó información sobre las rutas y aeronaves utilizadas por la organización.
Consecuencias diplomáticas
El derribo de las avionetas generó una condena internacional inmediata y llevó al entonces presidente estadounidense Bill Clinton a endurecer significativamente la política hacia Cuba.
Semanas después del incidente, Clinton promulgó la Ley Helms-Burton, que reforzó el embargo económico contra la isla y limitó la capacidad de futuros gobiernos estadounidenses para levantar sanciones de manera unilateral.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también aprobó la resolución 1067, condenando el uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo.
Historiadores y exdiplomáticos sostienen que el derribo frustró cualquier posibilidad de acercamiento diplomático entre Washington y La Habana en la década de 1990 y consolidó un nuevo periodo de confrontación bilateral.
Hasta la fecha, Cuba nunca reconoció responsabilidad por el ataque ni ofreció indemnizaciones directas a las familias de las víctimas, quienes posteriormente fueron compensadas con fondos provenientes de activos cubanos congelados en Estados Unidos.
