El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios del país, como parte de las medidas contra las estructuras del crimen organizado.
La disposición entró en vigor este 15 de septiembre y contempla las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
También incluye los municipios de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar, y La Maná, en Cotopaxi.
El gobierno justificó la medida por una situación de “grave conmoción interna” relacionada con las actividades de grupos del crimen organizado.
Entre las disposiciones se encuentra la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de la comisión de un delito.
Según el decreto, informes del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas identificaron que las organizaciones criminales presentes en estas zonas han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante distintas actividades ilícitas, lo que les permite mantener capacidad de adaptación frente a los operativos de seguridad.
Toque de queda en cuatro provincias
El gobierno también oficializó un toque de queda nocturno en El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos.
La restricción estará vigente del 17 al 30 de septiembre, entre las 00:00 y las 05:00 horas.
Se trata del tercer toque de queda decretado en Ecuador durante 2026.
El anterior se aplicó en mayo en nueve provincias, entre ellas Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, Sucumbíos y Esmeraldas. Durante ese periodo fueron detenidas más de 3 mil 400 personas.
El primer toque de queda del año se implementó durante la segunda mitad de marzo en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Ecuador mantiene el estado de conflicto armado interno
Ecuador permanece bajo el estado de “conflicto armado interno” decretado por Noboa en 2024 para intensificar las operaciones contra organizaciones criminales, a las que el gobierno identifica como grupos terroristas.
Las nuevas medidas se producen mientras el país enfrenta elevados niveles de violencia. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior citadas en el decreto, 2025 cerró con alrededor de 9 mil 300 homicidios, la cifra más alta registrada en el país.
