Legisladores del Partido Demócrata acusaron al Gobierno del presidente Donald Trump de utilizar criterios políticos para cancelar miles de millones de dólares en subvenciones destinadas a proyectos de energía limpia, luego de que funcionarios federales reconocieran esta práctica en un documento presentado ante un tribunal federal.
La controversia surge a partir de una presentación judicial del 15 de julio, relacionada con una demanda colectiva que busca revertir la cancelación de las ayudas. En el documento, funcionarios del Departamento de Energía (DOE) señalaron que recomendaron a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) eliminar más de 600 subvenciones con base únicamente en la afiliación política de los estados beneficiarios.
Según el expediente, la recomendación se enfocó en proyectos ubicados en entidades donde la entonces candidata demócrata Kamala Harris obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de 2024 y cuyos dos senadores pertenecen o están alineados con el Partido Demócrata. Finalmente, la OMB canceló 284 subvenciones en octubre de 2025.
Los demandantes, un grupo de investigadores de la Universidad de California, sostienen que la administración de Trump actuó por motivos partidistas al retirar recursos previamente aprobados para proyectos de energía limpia.
En el documento judicial, el Departamento de Energía reconoció que la inclusión de las subvenciones en la lista de cancelaciones “se basó únicamente en la afiliación política del estado beneficiario”, es decir, en si el proyecto se encontraba en un estado gobernado o identificado políticamente con los demócratas.
Tras conocerse el contenido del expediente, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la decisión como un acto de represalia política y acusó al presidente de afectar a familias trabajadoras por razones electorales.
En el mismo sentido, el representante Jamie Raskin sostuvo que las acciones del Gobierno representan una violación a los principios constitucionales y pidió restituir los recursos a los estados afectados.
Asimismo, la representante Marcy Kaptur y la senadora Patty Murray, integrantes de los comités de asignaciones presupuestarias del Congreso, afirmaron en un comunicado que utilizar los recursos federales para castigar a estados por su orientación política constituye un abuso de poder.
Hasta el momento, la Casa Blanca, el Departamento de Energía, la Oficina de Administración y Presupuesto y el Departamento de Justicia no habían emitido una respuesta pública sobre las acusaciones.
