Durante la sesión de las Comisiones Unidas de la LXI Legislatura, el diputado panista Enrique Correa Sada lanzó un discurso cargado de alarmismo y dramatismo, en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo. Sus palabras: “una justicia sometida al poder político corre el riesgo de terminar siendo una justicia al servicio del crimen”, fueron presentadas como advertencia, pero más bien parecen un intento por proteger los intereses de quienes han convertido al Poder Judicial en una élite intocable.
Desde hace años, los ciudadanos exigen una transformación profunda del sistema de justicia. Casos de impunidad, corrupción judicial, resoluciones a modo, jueces protegidos por redes políticas o económicas: todo eso también forma parte del México real que Enrique Correa convenientemente omite en su discurso. ¿Dónde estaba su indignación cuando los jueces liberaban a criminales por “fallas en el debido proceso”? ¿Por qué no alzó la voz cuando el Consejo de la Judicatura se convirtió en un órgano opaco, más preocupado por proteger a los suyos que por garantizar justicia?
Correa Sada se escandaliza ante la posibilidad de que el pueblo participe en la selección de jueces y magistrados. “¿Queremos confiar la selección… al narco?”, preguntó. La afirmación no solo es temeraria; es irresponsable y profundamente clasista. Equiparar participación ciudadana con infiltración criminal refleja una visión autoritaria del poder: solo unos cuantos —los de siempre— tienen el derecho de decidir sobre lo público.
Y aún más preocupante es su contradicción. El propio Correa reconoció que votará a favor de la reforma: “así ha sido instruido”, dijo. Entonces, ¿de qué sirve su discurso? ¿Es un intento por lavarse las manos antes de votar algo que no respalda? ¿Un acto de cálculo político para quedar bien con todos y no comprometerse con nadie?
Las reformas a los poderes no deben ser tratadas como intocables. Si hay errores en el diseño, se corrigen. Pero descalificar todo el proceso bajo el argumento de que “se abre la puerta al crimen” es una estrategia que busca sembrar miedo, no construir soluciones.
La justicia mexicana no necesita defensores de tribuna que se conmueven a conveniencia. Necesita voluntad real de cambio. Porque si algo está claro es que el status quo —ese que hoy defiende Enrique Correa— tampoco garantiza justicia.
