Libertad de Palabra documentó que el gobierno de Chepe Guerrero clasificó como reservados contratos, facturas y reportes de Gabinete 369, firma que ha recibido al menos 8.5 millones de pesos.
El gobierno municipal de Corregidora, encabezado por el panista Josué David Guerrero Trápala, clasificó como información reservada los contratos, las facturas y los reportes de servicios entregados por Gabinete 369, empresa vinculada a militantes del Partido Acción Nacional (PAN) que ha recibido al menos 8.5 millones de pesos de distintas áreas de la administración municipal.
De acuerdo con una investigación publicada por el portal Libertad de Palabra, entre los pagos destaca un millón de pesos por cinco reportes de análisis de riesgo e inteligencia en materia de comunicación pública, elaborados en el transcurso de una sola semana.
La clasificación impide consultar los documentos solicitados por el medio mediante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Según la respuesta oficial citada en la investigación, la decisión se justificó con la existencia de una investigación relacionada con los contratos y el argumento de que divulgar los documentos representaría un riesgo para su desarrollo.
El caso contrasta con las declaraciones públicas del alcalde, quien ha defendido la transparencia como un principio de su administración. En mayo pasado, Guerrero Trápala afirmó que había solicitado a su equipo mantener una política de transparencia total.
Vínculos entre funcionarios y la empresa
La investigación de Libertad de Palabra también documentó la cercanía entre funcionarios municipales y Arturo Rodríguez Rivera, socio y presidente del Consejo de Administración de Gabinete 369.
En fotografías tomadas durante un viaje a la playa Majahuitas, cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, aparecen Rodríguez Rivera, el jefe de Gabinete municipal, Carlos Antonio Contreras López; el director del DIF de Corregidora, Francisco Castro Alegría, y el regidor Ricardo Domínguez Moreno.
La relación resulta relevante debido a que Gabinete 369 ha recibido contratos de distintas dependencias del municipio, entre ellas la Jefatura de Gabinete y el DIF.
De acuerdo con el medio, la empresa fue constituida en 2023 por los panistas Arturo Rodríguez Rivera y Gustavo Suárez Suárez. Además, la esposa de uno de los socios, Anna Cristina Govea Soler, participó en la campaña electoral de Guerrero Trápala.
La publicación señaló que solicitó entrevistas con el alcalde, el jefe de Gabinete y la coordinadora de Comunicación Social, Elizabeth Pérez Trujillo, sin que estas se concretaran al momento de difundir la información.
Contrato millonario antes de la jubilación
Otro de los datos documentados se relaciona con Juan Antonio Escárcega Ramírez, exdirector de Comunicación Social del municipio, a quien el Ayuntamiento identificó como uno de los responsables de contratar a Gabinete 369 entre el 1 de enero de 2025 y el 15 de abril de 2026.
Según la información publicada, Escárcega Ramírez recibió la jubilación municipal 22 días después de que se asignara a la empresa un contrato por tres millones de pesos durante 2026. Su pensión fue fijada en 30 mil pesos mensuales.
La investigación coloca bajo escrutinio la contratación de servicios de comunicación, el manejo de recursos públicos y la decisión de reservar documentación relacionada con los pagos a una empresa vinculada con integrantes del mismo partido político que gobierna el municipio.
Hasta la publicación del reporte de Libertad de Palabra, no se habían concretado las entrevistas solicitadas para conocer la postura de los funcionarios señalados sobre los contratos, la clasificación de los documentos y los vínculos expuestos en la investigación.
