La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó, con dos votos a favor y uno en contra, el proyecto de dictamen relacionado con la reforma constitucional federal que establece requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a encabezar los Poderes Ejecutivos federal y estatales, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen, aprobado por la comisión presidida por el diputado Homero Barrera McDonald e integrada también por Eric Silva Hernández y Enrique Antonio Correa Sada, deriva de una minuta que plantea modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante la discusión, Enrique Correa Sada votó en contra de la propuesta. Argumentó que la lealtad hacia México no puede determinarse únicamente por la nacionalidad de una persona y sostuvo que los gobernantes deben ser evaluados por sus actos, decisiones y cumplimiento de la Constitución.
El legislador señaló que existen mexicanos que tienen una segunda nacionalidad por razones de nacimiento, migración o vínculos familiares, por lo que consideró que establecer restricciones para quienes cuentan con doble nacionalidad podría enviar un mensaje equivocado a ese sector de la población.
Correa sostuvo que una persona con nacionalidad exclusivamente mexicana puede actuar en contra de los intereses del país, mientras que alguien con doble nacionalidad puede dedicar su trayectoria al servicio de México. Por ello, afirmó que una nacionalidad única no necesariamente garantiza una lealtad exclusiva.
En contraste, Homero Barrera McDonald defendió la reforma al señalar que busca establecer una condición específica para quienes aspiren a ejercer la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Explicó que la propuesta no pretende eliminar el reconocimiento de la doble nacionalidad, sino establecer que quienes busquen encabezar alguno de esos Poderes Ejecutivos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano durante el ejercicio de esa responsabilidad.
Barrera agregó que las personas mexicanas por nacimiento que también posean otra nacionalidad no quedarían excluidas automáticamente de la posibilidad de competir por estos cargos, siempre que cumplan con el procedimiento de renuncia a la nacionalidad extranjera establecido por la legislación.
La discusión también generó posturas encontradas entre otros integrantes de la Legislatura. Teresita Calzada Rovirosa consideró que la condición de contar con una sola nacionalidad debería aplicarse a quienes pretendan acceder a cargos de elección popular, al relacionarla con los principios de soberanía y organización republicana.
Por su parte, Paul Ospital Carrera cuestionó que la reforma pueda afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad. Señaló que existe una contradicción entre reconocer y promover la participación de los mexicanos que viven en el extranjero, incluido su derecho al voto, y establecer restricciones para que puedan ser candidatos.
Ospital también sostuvo que la medida podría generar una forma de discriminación hacia quienes mantienen vínculos jurídicos con otro país, pese a que continúan participando en la vida económica y política de México.
Eric Silva Hernández respaldó el dictamen y afirmó que las personas con doble nacionalidad mantienen la posibilidad de contender por los cargos señalados, siempre que cumplan con los requisitos legales correspondientes.
El legislador consideró que renunciar a una segunda nacionalidad, cuando sea necesario para acceder a determinadas responsabilidades públicas, representa un compromiso con el ejercicio de esas funciones y con la defensa de los intereses nacionales.
La aprobación en comisión constituye un paso dentro del proceso legislativo de la minuta federal, que deberá continuar con las etapas correspondientes para determinar su eventual incorporación al marco constitucional.
