El gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica anunció que evalúa emprender acciones legales contra OpenAI por presuntamente no haber informado a las autoridades sobre amenazas detectadas en ChatGPT antes del tiroteo ocurrido en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, donde ocho personas murieron.

La fiscal general de la provincia, Niki Sharma, señaló que el gobierno busca explorar todas las vías legales disponibles para determinar responsabilidades de la compañía y sus directivos por lo que considera una posible omisión al no alertar a la policía sobre mensajes con contenido amenazante.

El ataque ocurrió el 10 de febrero en una escuela secundaria de la comunidad de Tumbler Ridge y dejó ocho víctimas mortales, entre ellas una profesora y cinco menores de entre 11 y 13 años. Además, otras 27 personas resultaron heridas.

De acuerdo con autoridades provinciales, documentos internos de OpenAI indicarían que los sistemas de seguridad de la empresa detectaron y marcaron meses antes del ataque mensajes violentos atribuidos a la responsable del tiroteo. Sin embargo, según el gobierno canadiense, la compañía no habría notificado a las fuerzas de seguridad.

“Cuando existen serias preocupaciones sobre oportunidades perdidas para prevenir daños, tenemos la responsabilidad de actuar”, afirmó Sharma.

Para analizar posibles demandas en Estados Unidos, donde se encuentra la sede de OpenAI, Columbia Británica contrató al despacho canadiense CFM Lawyers y a la firma estadounidense Stranch Jennings & Garvey.

La fiscal general indicó que la provincia buscará obtener responsabilidades legales y apoyo para la recuperación de la comunidad afectada, incluyendo la construcción de una nueva escuela en Tumbler Ridge.

La posible acción judicial del gobierno provincial sería independiente de las demandas presentadas previamente por familiares de víctimas ante un tribunal federal del norte de California.

El anuncio ocurre después de que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ofreciera disculpas públicas en abril a la comunidad afectada y reconociera la preocupación por la falta de aviso a las autoridades ante las señales detectadas en la cuenta relacionada con la atacante.

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