Cerca de 9 mil 500 personas se manifestaron el domingo en Guadalajara, Jalisco, para exigir una solución al suministro de agua potable que llega a los hogares con turbiedad, malos olores y, según denuncias de habitantes, presencia de pequeños organismos.
La movilización, considerada la segunda protesta por esta problemática, se realizó en una ciudad cuya zona metropolitana concentra alrededor de cinco millones de habitantes. Durante la jornada, los manifestantes exigieron respuestas de las autoridades estatales y algunos pidieron la renuncia del gobernador Pablo Lemus.
A diferencia de la protesta de la semana anterior, cuando policías dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, en esta ocasión no hubo una intervención policial directa de esa naturaleza. Sin embargo, un grupo de personas encapuchadas lanzó artefactos explosivos contra instalaciones públicas, entre ellas el Congreso estatal y el Palacio de Gobierno, donde se registraron incendios.
Habitantes de distintas zonas de la ciudad denunciaron que el problema persiste desde hace meses. Algunos señalaron que el agua presenta una coloración café y un olor similar al drenaje, por lo que han tenido que recurrir a agua embotellada para actividades como el baño de menores de edad.
Ante las quejas, el Gobierno de Jalisco informó que la construcción de un nuevo sistema de distribución para atender la problemática podría tardar aproximadamente seis meses. También ordenó aplicar medidas de racionamiento.
De acuerdo con el urbanista e investigador de la Universidad de Guadalajara, José Arturo Gleason, el problema está relacionado con la contaminación de un canal abierto que transporta agua desde el lago de Chapala, fuente de alrededor del 60% del abastecimiento de la ciudad.
El especialista explicó que la infraestructura, construida en 1956, atraviesa zonas que han experimentado una acelerada urbanización, durante la cual se habrían incorporado aguas residuales al cauce. La contaminación, señaló, supera la capacidad de tratamiento de la planta potabilizadora que recibe el agua.
Como alternativa, las autoridades plantean construir un acueducto subterráneo que evite el tramo contaminado y permita mejorar la calidad del suministro.
La crisis también ha generado cuestionamientos sobre la actuación de los cuerpos de seguridad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación por presuntos abusos policiales durante la dispersión de la manifestación anterior, en la que fueron detenidas 39 personas.
Las protestas mantienen la presión sobre las autoridades estatales para que informen sobre las medidas inmediatas para garantizar la calidad del agua y los plazos para restablecer un suministro seguro en los hogares de Guadalajara.
