La lucha por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha entrado en un terreno inédito: la redistribución de distritos a mitad de la década.
En California, los votantes decidirán en noviembre si aprueban un nuevo mapa electoral impulsado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, con el que su partido busca ganar hasta cinco escaños adicionales en la Cámara baja federal. La medida surge en reacción al plan aprobado en Texas, donde los republicanos, con apoyo del expresidente Donald Trump, redibujaron su mapa con el mismo objetivo: aumentar su mayoría en cinco distritos.
“Esto es una respuesta a un ataque en Texas a nuestra democracia”, justificó Newsom al firmar la ley que convoca a la consulta. El gobernador prometió encabezar la campaña para convencer a demócratas, republicanos e independientes de apoyar el rediseño.
La oposición republicana en California calificó la estrategia de “peligrosa”. El líder de la minoría en la Asamblea, James Gallagher, advirtió que “combatir el fuego con fuego” en la redistribución puede “quemarlo todo”, mientras que el senador estatal Tony Strickland acusó a los demócratas de abandonar el “estándar de oro” de su sistema apartidista de trazado de distritos.
El debate enfrenta dos visiones: los demócratas aseguran que no pueden “quedarse de brazos cruzados” ante lo que consideran una manipulación partidista en Texas; los republicanos denuncian que se trata de un intento de predeterminar elecciones y de traicionar la independencia de las comisiones de redistribución creadas en California en 2008 y 2010.
El trasfondo es claro: actualmente, los demócratas están a tres escaños de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Con las elecciones de mitad de período de 2026 en el horizonte —donde históricamente el partido en el poder suele perder posiciones—, ambos bandos buscan blindarse con mapas favorables.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido que la manipulación partidista de distritos no es inconstitucional, siempre y cuando no se base en criterios raciales. Esto ha dado vía libre a estados como Texas, cuyos legisladores reconocieron que su único objetivo es “mejorar el rendimiento político republicano”.
El plan de California, sin embargo, tendría carácter temporal: estaría vigente sólo hasta 2030, cuando nuevamente entraría en funciones la comisión apartidista del estado.
El expresidente Barack Obama respaldó públicamente la estrategia de Newsom, calificándola como una respuesta “inteligente y mesurada” a las maniobras republicanas. “Lo más importante es que serán los votantes de California quienes tengan la última palabra”, subrayó.
Así, lo que comenzó como un movimiento en Texas con apoyo directo de Donald Trump ya ha generado una reacción en cadena que podría extenderse a estados como Indiana, Missouri y Ohio. La disputa por el mapa electoral confirma que, en la política estadounidense, las batallas por el poder no sólo se libran en las urnas, sino también en el trazo de las líneas que definen quién vota dónde.
