El presidente municipal de Corregidora acudió al Senado de la República para presentar y socializar la iniciativa denominada “Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a Delitos de Alto Impacto cometidos por Adolescentes”, propuesta que previamente impulsó ante la LXI Legislatura local con el objetivo de fortalecer el marco legal para la atención de casos de violencia grave cometidos por menores de edad.
Durante su visita, fue recibido por el senador Ricardo Anaya, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, a quien entregó el documento para su conocimiento y análisis dentro de la Cámara Alta.
La propuesta busca generar mecanismos jurídicos que permitan responder con mayor eficacia ante delitos de alto impacto cometidos por adolescentes, sin dejar de lado los principios de justicia especializada y protección de derechos.
De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, existe coincidencia en la necesidad de impulsar mecanismos que contribuyan a frenar la violencia, proteger a las familias y garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan en entornos seguros y con mayores oportunidades de desarrollo.
La iniciativa surge en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos en los que participan adolescentes, así como por fenómenos como el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos y la comisión de delitos de alta gravedad.
Entre los principales planteamientos destaca la posibilidad de aplicar medidas más estrictas en casos relacionados con homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, bajo criterios de proporcionalidad, supervisión judicial y atención especializada.
La propuesta establece además que cada caso deberá evaluarse de manera individual, considerando aspectos como el entorno familiar, antecedentes personales, desarrollo psicosocial, experiencias de violencia, situaciones de acoso escolar y riesgos de reincidencia.
Otro de los puntos centrales consiste en diferenciar a los adolescentes que hayan sido víctimas de reclutamiento, amenazas o coacción por parte de grupos criminales de aquellos que participaron voluntariamente en la comisión de delitos, con el propósito de garantizar una respuesta jurídica acorde a las circunstancias particulares de cada caso.
El objetivo planteado es fortalecer las herramientas institucionales para enfrentar fenómenos delictivos complejos, sin perder de vista la reinserción social, la protección de derechos y la atención especializada que establece el sistema de justicia para adolescentes.
