La relación diplomática entre Bolivia y Colombia entró en una nueva fase de tensión luego de que el gobierno boliviano declarara persona “non grata” a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, en respuesta a declaraciones realizadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación política interna boliviana.
La decisión fue confirmada por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien acusó al mandatario colombiano de incurrir en actos de “injerencia” en asuntos soberanos del país.
“Efectivamente la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana”, declaró Aramayo en entrevistas difundidas por medios locales.
La medida implica la salida formal de la diplomática colombiana del territorio boliviano y representa uno de los recursos más severos dentro de la práctica diplomática internacional, aunque no supone una ruptura total de relaciones entre ambos países.
Las tensiones entre Bogotá y La Paz se intensificaron tras diversos posicionamientos públicos de Petro relacionados con el contexto político boliviano y debates regionales vinculados con democracia, institucionalidad y movimientos sociales.
El gobierno boliviano sostuvo que esos comentarios vulneran los principios de respeto mutuo y no intervención establecidos en las normas diplomáticas internacionales.
Hasta el momento, el gobierno colombiano no había emitido una postura oficial detallada sobre la expulsión de la embajadora, aunque se prevé una respuesta de la cancillería en las próximas horas.
La figura de persona “non grata” está contemplada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y permite a un Estado solicitar la salida de un representante extranjero cuando considera que su presencia resulta incompatible con los intereses nacionales.
Analistas consideran que el conflicto podría derivar en nuevas medidas diplomáticas, como llamados a consultas, reducción temporal de representación bilateral o mayores restricciones políticas entre ambos gobiernos.
El episodio ocurre en un contexto regional marcado por diferencias ideológicas y fricciones diplomáticas entre diversos gobiernos latinoamericanos respecto a temas de democracia, gobernabilidad y liderazgo político.
Para Gustavo Petro, el conflicto representa un nuevo frente diplomático en medio de una política exterior activa en América Latina. En el caso de Bolivia, el gobierno busca enviar una señal de firmeza frente a cualquier pronunciamiento extranjero que considere una intervención en asuntos internos.
