La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la Legislatura del Estado aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, con el propósito de armonizar la integración de los ayuntamientos y establecer que únicamente exista un síndico por municipio.
Durante la sesión de trabajo participaron el presidente de la comisión, el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, así como las diputadas Adriana Meza Argaluza, secretaria, y Leonor Mejía Barraza, integrante, quienes conocieron además las respuestas emitidas por cinco ayuntamientos respecto a la propuesta de reforma.
El legislador informó que, como parte del procedimiento del Constituyente Permanente local, el dictamen fue notificado a los 18 municipios del estado para que emitieran observaciones o comentarios. Dentro del plazo establecido respondieron formalmente los ayuntamientos de Colón, Amealco de Bonfil, Tequisquiapan, Tolimán y Pinal de Amoles.
Tras dar cuenta de estas respuestas, la comisión sometió el dictamen a votación, obteniendo el respaldo unánime de sus integrantes.
Al concluir la sesión, Sinuhé Piedragil explicó que la modificación responde a un mandato derivado de una reforma a la Constitución Federal, la cual establece que los ayuntamientos deberán contar con un solo síndico.
“Actualmente en la Constitución local y en la Ley Electoral se menciona la integración de ayuntamientos con dos síndicos, entonces tenemos que establecer que solamente habrá un síndico; sobre esto versa la modificación”, señaló.
El diputado precisó que las respuestas favorables de cinco municipios y la ausencia de observaciones por parte del resto permiten continuar con el proceso legislativo. El siguiente paso será someter el dictamen a consideración del Pleno de la Legislatura y, en caso de ser aprobado, remitirlo nuevamente a los 18 ayuntamientos para que los Cabildos se pronuncien como parte del Constituyente Permanente local.
Finalmente, indicó que la reforma deberá ser avalada por la mayoría de los cabildos y posteriormente por el Pleno del Congreso del Estado para que pueda publicarse y entrar en vigor.
