En sesión de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LXI Legislatura local, presidida por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, e integrada por las legisladoras Adriana Elisa Meza Argaluza y María Leonor Mejía Barraza, se aprobaron dictámenes relacionados con reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con el objetivo de consolidar el modelo de parlamento abierto.
Durante la sesión, en la que también participaron las diputadas Laura Andrea Tovar Saavedra y Teresita Calzada Rovirosa, el presidente de la comisión informó que las iniciativas turnadas serán analizadas junto con sus autores y sectores involucrados, con la finalidad de generar dictámenes que respondan a las necesidades de la población.
Previo a la votación, la diputada Andrea Tovar, promotora de una de las iniciativas, destacó que el parlamento abierto responde a una demanda ciudadana de mayor participación y transparencia, ante la percepción histórica de congresos cerrados y alejados de la sociedad.
Explicó que la propuesta contempla tres ejes fundamentales: incorporar principios como la máxima publicidad, datos abiertos y participación ciudadana; crear herramientas digitales accesibles que permitan a la población involucrarse en el análisis legislativo; y establecer responsabilidades institucionales para garantizar su implementación.
En su intervención, la diputada Teresita Calzada coincidió en la relevancia de este modelo, al señalar que legislar debe hacerse con base en las realidades sociales y no desde el aislamiento institucional.
Por su parte, la legisladora Leonor Mejía Barraza subrayó que el parlamento abierto fortalece la calidad democrática al incluir la voz ciudadana en la toma de decisiones, lo que además permite mejorar las leyes desde su origen y garantizar la protección de derechos humanos.
En otro punto del orden del día, la comisión aprobó el dictamen de la iniciativa de Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro, la cual busca actualizar el marco vigente desde 2009.
Al respecto, el diputado Sinuhé Piedragil explicó que la propuesta plantea definir con mayor claridad a los sujetos obligados, así como establecer fases específicas en el proceso de entrega-recepción, incluyendo etapas preparatoria, informativa y de formalización.
Asimismo, destacó que se incorpora el requisito de que el servidor público entrante presente una constancia de no inhabilitación antes de la firma del acta correspondiente, lo que consideró un avance importante de cara a los procesos administrativos futuros, como el de 2027.
El legislador agregó que la iniciativa podría enriquecerse con la experiencia de otros diputados que han sido servidores públicos, con miras a fortalecer su alcance antes de su discusión en el Pleno.
