La de Hoy Querétaro — En sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, las y los diputados aprobaron por unanimidad diversos dictámenes que reforman el Código Civil y el Código Penal del Estado, enfocados en la protección de menores en casos de feminicidio, el combate a la violencia contra las mujeres y el endurecimiento de sanciones por hechos viales relacionados con alcohol y drogas.
Durante la sesión participaron los diputados Guillermo Vega Guerrero, Enrique Correa Sada y Homero Barrera McDonald, presidente, secretario e integrante de la Comisión, respectivamente, además de legisladores autores de las iniciativas como Andrea Tovar Saavedra, Claudia Díaz Gayou y Arturo Maximiliano García, así como el regidor capitalino Bruno Casalini.
Suspensión de patria potestad en casos de feminicidio
La diputada Andrea Tovar explicó que su iniciativa busca proteger a niñas, niños y adolescentes cuando su madre es víctima de feminicidio y el padre es sospechoso del delito.
“Proponemos que se suspenda de inmediato la patria potestad al progenitor investigado, y que en caso de sentencia condenatoria pierda definitivamente sus derechos. Esto para evitar que los menores sean víctimas del sistema”, señaló.
Subrayó que la iniciativa también garantiza que el agresor mantenga la obligación de otorgar alimentos, aun sin derecho a convivencias o visitas.
La diputada Claudia Díaz celebró la aprobación de estas reformas, que contribuyen —dijo— a fortalecer la igualdad sustantiva y el combate al feminicidio:
“En 2025 ya sumamos 10 homicidios de mujeres en la entidad. Estas medidas eran urgentes”.
Endurecen penas por homicidio y lesiones viales
La Comisión también aprobó un dictamen conjunto de iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Querétaro, el Grupo Legislativo de Morena y el diputado Homero Barrera, para tipificar y sancionar con mayor severidad el homicidio y las lesiones ocasionadas por conductores que manejen bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
El diputado Homero Barrera afirmó:
“El reclamo de la ciudadanía es claro: sanciones ejemplares. Quien conduce intoxicado pone en riesgo vidas y las consecuencias deben ser graves”.
El dictamen prevé penas como prisión, multas, inhabilitación, suspensión o cancelación de la licencia de conducir.
El diputado Enrique Correa señaló que estas reformas representan un acto de justicia:
“La pérdida de un ser querido por la imprudencia de alguien que conduce intoxicado causa un daño social profundo”.
Por su parte, el legislador Arturo Maximiliano García adelantó su voto a favor en el Pleno, aunque planteó revisar la redacción del artículo 228 del Código Penal vigente.
La diputada Claudia Díaz respaldó el consenso alcanzado, pero advirtió que aún falta avanzar en políticas preventivas.
Las reformas aprobadas avanzarán al Pleno de la Legislatura para su discusión y votación definitiva.
