La decisión del gobierno de Alemania de impulsar un impuesto a las bebidas azucaradas como parte de su paquete de reformas sanitarias abrió un nuevo debate político y social sobre los límites de la intervención del Estado en la alimentación, aunque medidas similares ya operan en más de 100 países.
La propuesta contempla que el gravamen entre en vigor hasta 2028, con el objetivo de dar tiempo a la industria para adaptarse. De acuerdo con el Ministerio de Salud alemán, la medida podría generar hasta 450 millones de euros anuales, recursos que serían destinados al fortalecimiento del sistema sanitario.
Aunque el proyecto aún no define el esquema definitivo, un panel de especialistas propuso en marzo un modelo escalonado que dejaría libres de impuesto a las bebidas con menos de cinco gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Las que contengan entre cinco y ocho gramos pagarían 26 céntimos de euro por litro, mientras que aquellas con más de ocho gramos tendrían una tasa de 32 céntimos.
La ministra de Salud, Nina Warken, se manifestó a favor de la iniciativa, aunque integrantes de su propio partido han advertido que la medida podría proyectar una imagen excesivamente paternalista del gobierno.
Especialistas en salud y nutrición respaldan la propuesta. El profesor Peter Philipsborn, experto en nutrición de la Universidad de Bayreuth, afirmó que la evidencia internacional demuestra que este tipo de impuestos reduce el consumo de bebidas azucaradas y ayuda a disminuir riesgos de obesidad y enfermedades asociadas.
Estudios citados en el debate señalan que los alemanes consumen más azúcar a través de bebidas que los habitantes de otros países de Europa occidental. Un informe de la organización Foodwatch reveló que en Alemania se consumen cerca de 26 gramos diarios de azúcar provenientes de bebidas, por encima de los 16 gramos registrados en Reino Unido, donde el impuesto al azúcar fue implementado desde 2018.
Según especialistas, en el caso británico muchas empresas respondieron reduciendo el contenido de azúcar de sus productos en lugar de elevar los precios.
La industria alimentaria alemana mantiene reservas sobre el impacto de la medida. Representantes empresariales advierten que el impuesto podría aumentar costos administrativos y eventualmente trasladarse al consumidor. También cuestionan que la obesidad infantil continúe siendo elevada en Reino Unido pese a la aplicación de la tasa.
Otro de los puntos de discusión es el posible impacto en familias de bajos ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a bebidas azucaradas. Sin embargo, defensores de la propuesta sostienen que precisamente esos sectores serían los más beneficiados por una eventual reducción de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar.
El debate continuará en el Parlamento alemán, donde la iniciativa deberá ser discutida antes de una eventual aprobación.
