Con la participación de más de 450 colectivos de víctimas, este miércoles el Gobierno federal presentó el plan de ejecución para poner en marcha las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que el tema es una “prioridad nacional” para la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la funcionaria detalló 10 acciones clave, con plazos e instituciones responsables, para comenzar la implementación de esta nueva política pública:

  1. Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda, a más tardar el 15 de octubre de 2025.
  2. Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda, incorporando medidas de seguridad y protección a familiares.
  3. Puesta en marcha de la Plataforma Única de Identidad y de una nueva Alerta Nacional de Búsqueda.
  4. Uso de datos biométricos e imágenes satelitales en procesos de localización.
  5. Fortalecimiento de Fiscalías Especializadas y del Banco Nacional de Datos Forenses.
  6. Creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación.
  7. Atención al rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.
  8. Atención integral a hijas e hijos de personas desaparecidas.
  9. Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, como órgano rector.
  10. Armonización de leyes estatales con la Ley General.

Estas acciones, explicó Rodríguez, fueron nutridas por 570 propuestas recabadas durante diálogos con familias y organizaciones, estructuradas en cinco ejes: búsqueda con seguridad; identificación forense; bases de datos; bienestar para víctimas indirectas; y prevención de desapariciones.

No basta con la aprobación de la ley: estamos trabajando en una política pública integral que responda a lo que nos han planteado las familias”, aseguró la titular de Gobernación.

En las mesas de trabajo han participado 17 instituciones nacionales y organismos internacionales, entre ellos el Renapo, la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas, la CNDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Rodríguez estuvo acompañada por el subsecretario Arturo Medina; la fiscal especializada Sara Irene Herrerías; el director del Renapo, Arturo Arce; y el titular de la Unidad de Derechos Humanos, Froylán Enciso.

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