La administración de Josué Guerrero clasificó como reservados los documentos de Gabinete 369, proveedor municipal que cobró un millón de pesos por cinco reportes de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública elaborados en una semana.
El gobierno municipal de Corregidora, encabezado por Josué David Guerrero Trápala, mantiene bajo reserva los contratos, las facturas y los reportes de servicios entregados por Gabinete 369, empresa que ha recibido al menos 8.5 millones de pesos de distintas áreas de la administración.
La clasificación de los documentos impide conocer el contenido de los servicios contratados, los entregables y la justificación de los pagos. La medida fue documentada por el medio Libertad de Palabra, que solicitó la información a través de la Unidad de Transparencia municipal.
Entre los gastos identificados destaca un pago de un millón de pesos por cinco reportes de “análisis de riesgo e inteligencia en materia de comunicación pública”, elaborados en una sola semana. La empresa recibió contratos por más de 8.5 millones de pesos durante la actual administración municipal.
De acuerdo con la respuesta oficial citada por el medio, el Ayuntamiento justificó la reserva al señalar que existe una investigación relacionada con las contrataciones y que divulgar los documentos podría representar un riesgo para su desarrollo.
La decisión impide que la ciudadanía consulte los documentos que permitirían conocer con precisión qué trabajos realizó la empresa y cómo se comprobó el cumplimiento de los servicios pagados con recursos públicos.
Contratos con una empresa vinculada a militantes del PAN
Gabinete 369 fue constituida en octubre de 2023 por Arturo Rodríguez Rivera y Gustavo Suárez Suárez, ambos identificados con el Partido Acción Nacional. La investigación periodística también documentó la participación de Anna Cristina Govea Soler, esposa de uno de los socios, en actividades de campaña de Guerrero Trápala durante el proceso electoral de 2024.
La empresa recibió contratos de distintas dependencias municipales, entre ellas la Jefatura de Gabinete y el DIF de Corregidora. Entre los servicios identificados se encuentran los análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública y la consultoría administrativa para el desarrollo y medición de indicadores.
La investigación también documentó fotografías de Arturo Rodríguez Rivera con el jefe de Gabinete municipal, Carlos Antonio Contreras López; el director del DIF, Francisco Castro Alegría, y el regidor Ricardo Domínguez Moreno, durante un viaje a Playa Majahuitas, Jalisco.
Otro dato señalado es que Juan Antonio Escárcega Ramírez, exdirector de Comunicación Social, fue identificado por el Ayuntamiento como uno de los responsables de contratar a Gabinete 369 entre enero de 2025 y abril de 2026. Según la publicación, recibió autorización para jubilarse 22 días después de que se asignara a la empresa un contrato por tres millones de pesos. Su pensión quedó fijada en 30 mil pesos mensuales.
Libertad de Palabra informó que solicitó entrevistas con el alcalde, el jefe de Gabinete y la coordinadora de Comunicación Social, Elizabeth Pérez Trujillo, para conocer su postura sobre las contrataciones y la reserva de documentos, pero no logró concretarlas.
El caso mantiene pendientes preguntas sobre la justificación de los servicios, los resultados obtenidos y los motivos por los que el gobierno municipal decidió impedir el acceso a los contratos, facturas y reportes relacionados con una empresa que ha recibido millones de pesos del erario.
