El Vaticano ha recibido ya más de cien denuncias relacionadas con abusos cometidos dentro del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, informó este viernes Jordi Bertomeu, encargado de las investigaciones y del proceso de liquidación de la organización para indemnizar a las víctimas.
El enviado papal, designado por Francisco y ratificado por León XIV, consideró que el número real de víctimas podría ser incluso el doble y pidió a las autoridades de Perú actuar judicialmente contra Luis Fernando Figari, quien actualmente reside en Italia.
Bertomeu se encuentra en Lima para recibir nuevas denuncias dentro del plazo extraordinario abierto por la Santa Sede del 4 al 22 de mayo. Durante su estancia, aseguró haber escuchado testimonios “muy lamentables” de personas afectadas por la organización.
“He visto a gente con los ojos vacíos, perdidos, que no saben por dónde empezar para explicar todo el trauma que les ha supuesto haber pertenecido a una organización que fue declarada en su momento como sectaria”, declaró.
El comisario señaló que continúan apareciendo nuevos testimonios, incluidos casos de abusos sexuales contra menores de edad que aún no habían sido denunciados. Explicó que muchas víctimas apenas comienzan a tener confianza para acercarse a las autoridades eclesiásticas tras las sanciones impuestas contra el Sodalicio.
Respecto a las indemnizaciones, Bertomeu afirmó que desconoce el monto total de recursos disponibles, aunque sostuvo que lo que queda de la organización tiene la obligación moral y legal de reparar a las víctimas.
También aseguró que el fallecido papa Francisco concluyó que el origen del problema radicaba en un “falso carisma” impulsado por Figari, a quien describió como “más parecido a un gurú” que a un auténtico fundador religioso.
Bertomeu indicó que todas las organizaciones creadas por Figari deben ser suprimidas y sostuvo que ahora corresponde a las instituciones peruanas impulsar procesos judiciales y solicitar la extradición del exlíder religioso.
Finalmente, llamó a fortalecer las leyes y la actuación de fiscales y jueces frente a casos de abuso y estructuras de poder que dificultan las investigaciones.
“Tenemos que avanzar en esta cultura democrática de que hay situaciones abusivas que tienen que acabar”, concluyó.
