La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes el decomiso de bienes en la causa conocida como “Vialidad”, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta.
La resolución ratifica lo dispuesto en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, que ordenó confiscar bienes para cubrir un monto cercano a los 685 mil millones de pesos (alrededor de 480 millones de dólares), cifra estimada como el daño causado al Estado.
De acuerdo con el fallo, el decomiso alcanza 111 bienes, incluidos inmuebles vinculados a la exmandataria, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez, también condenado en el caso. En una primera etapa, se avanzará sobre unas 20 propiedades relacionadas con Kirchner y su entorno, mientras que más de 80 corresponden a Báez y a empresas ligadas a la trama investigada.
Los jueces desestimaron los argumentos de las defensas que buscaban frenar la medida y consideraron válidos los criterios utilizados para identificar los activos, subrayando que el objetivo del decomiso es recuperar bienes vinculados a hechos de corrupción y evitar que los beneficios ilícitos permanezcan en manos de los condenados.
El fallo también establece que la medida puede alcanzar bienes transferidos a terceros, incluidos aquellos heredados, al considerar que su origen ilícito no se modifica con el traspaso. No obstante, el juez Mariano Borinsky emitió una disidencia parcial, al señalar que en algunos casos no se analizaron suficientemente los planteamientos de las defensas respecto de bienes heredados.
La causa “Vialidad” investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Kirchner (2007-2015) y de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007). La sentencia condenatoria fue dictada en diciembre de 2022 y quedó firme en junio de 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema.
Actualmente, la exmandataria, de 73 años, cumple prisión domiciliaria y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
Tras la resolución, la defensa —encabezada por el abogado Gregorio Dalbón— anunció que interpondrá un nuevo recurso ante la Corte Suprema, en un intento por revertir el decomiso de los bienes.
Paralelamente, Kirchner enfrenta otro juicio por presuntos actos de corrupción vinculados a contratos de obra pública, en un proceso que involucra a decenas de imputados y que podría extenderse más allá de 2026.
