La Fiscalía General de la República inició un juicio contra 486 personas acusadas de pertenecer a la Mara Salvatrucha, en uno de los procesos penales más grandes en la historia reciente del país.
Según la Fiscalía, entre los imputados se encuentran fundadores, líderes y miembros de la “ranfla”, a quienes se les atribuyen más de 47 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos 29 mil homicidios, feminicidios y desapariciones. También se les responsabiliza de ordenar el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022.
El proceso se desarrolla en el contexto de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, basada en un régimen de excepción vigente desde 2022, que ha permitido más de 91 mil detenciones y la ampliación de facultades para arrestos sin orden judicial.
De los 486 acusados, 413 comparecerán de forma virtual, mientras que 73 serán juzgados en ausencia. Más de 250 permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, considerado la principal instalación de máxima seguridad para pandilleros.
Las autoridades sostienen que la organización buscaba mantener control territorial para establecer un “estado paralelo”, lo que configura el delito de rebelión y atenta contra la soberanía nacional.
El proceso se sustenta en reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten juicios colectivos y eliminan límites de duración de los procesos penales. Estas modificaciones han sido cuestionadas por organismos como Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que advierten riesgos para el debido proceso, la defensa individual y la presunción de inocencia.
Especialistas señalan que la magnitud del caso dificulta individualizar responsabilidades y evaluar pruebas de forma precisa, lo que incrementa el riesgo de condenas injustas. También se advierte presión sobre jueces en un entorno donde la demanda social de resultados es alta.
La Fiscalía afirmó contar con pruebas suficientes para solicitar penas máximas, mientras que el desarrollo del juicio plantea retos operativos y jurídicos para garantizar resoluciones sustentadas en evidencia individual y verificable.
