El Príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III, enfrenta una demanda por difamación interpuesta por su antigua organización benéfica Sentebale ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, según documentos judiciales dados a conocer este viernes.
De acuerdo con los registros, la querella fue presentada el pasado 24 de marzo e incluye también a Mark Dyer, colaborador cercano del duque de Sussex. Aunque no se han revelado detalles específicos del caso, la organización confirmó la acción legal en un comunicado oficial.
Sentebale acusó a Enrique y Dyer de encabezar una “campaña mediática negativa coordinada” desde marzo de 2025, la cual —según la ONG— ha generado afectaciones operativas, daño reputacional y una ola de ciberacoso contra la institución y sus directivos.
El conflicto tiene origen en la renuncia del príncipe al patronato de la organización en marzo de 2025, tras una disputa interna con la presidenta Sophie Chandauka. La ONG, fundada en 2006 en memoria de la princesa Diana de Gales, se dedica a apoyar a personas con VIH y sida en países como Lesoto y Botsuana.
Versiones difundidas en medios británicos señalaron que el consejo directivo habría solicitado la renuncia de Chandauka, luego de que esta denunciara ante la Comisión de Beneficencia del Reino Unido presuntos casos de abuso de poder, acoso, sexismo y racismo dentro de la organización, además de calificar el proyecto como una iniciativa personal del príncipe Enrique y del príncipe Seeiso de Lesoto.
Tras la salida del duque de Sussex y la controversia interna, el organismo regulador británico inició en abril de 2025 una investigación para revisar el funcionamiento de Sentebale y el actuar de sus responsables. Sin embargo, en agosto de ese mismo año concluyó que no existían pruebas generalizadas de acoso o conductas indebidas, permitiendo la continuidad de Chandauka al frente de la ONG.
En su momento, Enrique expresó que confiaba en que la investigación esclarecería los motivos de su renuncia y permitiría encauzar el futuro de la organización. No obstante, el nuevo proceso judicial abre un capítulo adicional en la disputa, ahora en el terreno legal, que podría tener implicaciones para su imagen pública y su relación con proyectos filantrópicos internacionales.
