En el marco del Día Mundial de los Glaciares, la protección de estos ecosistemas en Argentina enfrenta un escenario crítico tras la aprobación en el Senado de una reforma a la Ley 26.639 de Protección de Glaciares.
La modificación redefine el alcance de las zonas protegidas y abre la puerta a actividades productivas —principalmente mineras— en áreas periglaciares, lo que ha encendido alertas entre especialistas y organizaciones ambientales.
De acuerdo con Greenpeace Argentina, estos territorios, aunque representan apenas el 0.21 % del país, son fundamentales porque alimentan 36 cuencas hídricas que abastecen a millones de personas. “Son la garantía de disponibilidad de agua”, advierten.
Expertos señalan que la actividad minera en alta montaña —por encima de los 4 mil metros— implica un alto impacto ambiental, con uso de explosivos y riesgo de contaminación de ríos y acuíferos. La legislación vigente desde 2010 prohibía este tipo de intervenciones en glaciares y su entorno, pero la reforma podría revertir esas restricciones.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierten que el cambio podría transformar el agua de un derecho humano en un recurso al servicio de industrias extractivas, además de afectar economías regionales como la agricultura, la vitivinicultura y el turismo.
El proceso también ha sido cuestionado por su falta de participación efectiva. Una audiencia pública programada para finales de marzo reunió a cerca de 100 mil inscritos, cifra récord que refleja el rechazo social, aunque especialistas consideran que el mecanismo no cumple con estándares como el Acuerdo de Escazú.
Investigadores alertan que la reforma permitiría decisiones “arbitrarias” sobre qué glaciares proteger, abriendo la posibilidad de intervenir incluso aquellos considerados hoy reservas estratégicas de agua. Además, el polvo generado por la minería podría acelerar el deshielo, agravando el cambio climático.
El debate también enfrenta posturas económicas. El presidente Javier Milei ha defendido el potencial de la minería como motor de empleo, mientras organizaciones civiles cuestionan estas proyecciones y advierten sobre daños irreversibles.
Con la discusión pendiente en la Cámara de Diputados, especialistas anticipan que, de avanzar la reforma, el conflicto podría trasladarse a los tribunales como último recurso para proteger los glaciares argentinos, considerados verdaderas “fábricas de agua” en un país con amplias zonas áridas.
