El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a agencias federales y contratistas que trabajan con las Fuerzas Armadas cesar negocios con Anthropic, luego de que la empresa se negara a permitir el uso irrestricto de su tecnología de inteligencia artificial por parte del Pentágono.
Las dependencias, incluido el Departamento de Defensa de Estados Unidos, tendrán seis meses para eliminar gradualmente los productos de la compañía. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que Anthropic será considerada un “riesgo para la cadena de suministro”, categoría usualmente reservada para entidades vinculadas a adversarios extranjeros.
El conflicto se centró en el modelo de IA Claude, utilizado en redes clasificadas del Pentágono bajo un contrato de hasta 200 millones de dólares. La empresa estableció como líneas rojas que su sistema no sea empleado en armas autónomas ni en vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. El Pentágono sostuvo que no pretende usar la herramienta con esos fines, pero exige libertad total dentro de “todos los fines legales”.
El punto crítico se produjo tras una reunión entre Hegseth y el CEO de Anthropic, Dario Amodei. Posteriormente, la empresa reiteró que no modificaría sus restricciones. La Administración de Servicios Generales anunció la eliminación de Anthropic de USAi.gov, plataforma federal de pruebas para herramientas de IA.
La industria tecnológica reaccionó. El CEO de OpenAI, Sam Altman, expresó coincidencia con las preocupaciones sobre el uso militar irrestricto. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, señaló que existen otras empresas capaces de proveer servicios al Pentágono.
Funcionarios de defensa mencionaron la posibilidad de recurrir a la Ley de Producción de Defensa de 1950 para obligar la colaboración, aunque no se precisó si esa vía seguirá activa tras la orden presidencial.
La designación como riesgo de cadena de suministro podría impactar a Anthropic más allá del contrato directo, ya que empresas con vínculos con el Pentágono tendrían que demostrar que no utilizan su tecnología en trabajos relacionados con defensa. Esto coloca presión sobre su cartera corporativa, pese a su alta valuación y diversificación de clientes.
La medida abre un precedente sobre el control gubernamental en el desarrollo y uso de inteligencia artificial en entornos militares y redefine el margen de negociación entre el Estado y proveedores estratégicos de tecnología.
