El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las reformas que contemplan la figura de los llamados “jueces sin rostro” buscan dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, mediante el resguardo de su identidad, con el objetivo de combatir el rezago, la corrupción y la escasa supervisión que, afirmó, caracterizan actualmente al sistema de justicia.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal explicó que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada están orientadas a establecer medidas de protección que garanticen la seguridad de jueces y juezas que conocen de asuntos de alto riesgo.
Detalló que la iniciativa incorpora el Capítulo VIII “De la protección de las personas”, el cual remite al Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicar medidas de seguridad como el resguardo de la identidad. Dichas acciones podrán ser solicitadas por el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) con el fin de brindar certeza a las partes procesales.
El legislador informó que otro de los cambios relevantes permitirá que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, adscritos a unidades distintas a la especializada en delincuencia organizada, puedan investigar y perseguir este tipo de delitos, siempre que cuenten con el consentimiento de la unidad correspondiente.
Asimismo, subrayó que se establece que, tanto en el sistema penal inquisitivo mixto como en el acusatorio adversarial, se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva cuando exista una sentencia judicial irrevocable —nacional o extranjera— que haya reconocido su existencia, ya sea por la vía ordinaria o por terminación anticipada.
Monreal, quien también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que la iniciativa busca fortalecer la impartición de justicia mediante prácticas que eliminen el rezago judicial, garantizando el derecho a una justicia pronta, expedita y completa. En ese sentido, indicó que se delimitan plazos en actuaciones procesales donde antes no existía una referencia temporal expresa.
Agregó que la reforma introduce de manera clara la regla de obtención de elementos probatorios, estableciendo que cualquier hecho deberá acreditarse únicamente mediante pruebas lícitas, obtenidas con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.
El legislador recordó que el pasado 25 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Actualmente, la propuesta se encuentra turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado para su análisis y dictaminación, y se prevé que forme parte de la agenda legislativa de 2026 en la Cámara de Diputados.
