La posibilidad de que Estados Unidos emprenda una acción militar en Venezuela coloca a la Casa Blanca en un territorio que contradice su propio discurso antiintervencionista y revive fracasos históricos de la política exterior estadounidense. El gobierno de Donald Trump no ha clarificado objetivos, plazos ni el alcance de una operación que se menciona públicamente aun antes de definir su viabilidad.
El objetivo mínimo —interrumpir el narcotráfico— es improbable. Venezuela no es el centro de producción: funciona como plataforma para vuelos y depósitos que mueven cocaína colombiana hacia Centroamérica. El negocio es demasiado rentable para ser detenido por ataques puntuales. Aviones desechados, pistas clandestinas en Zulia y embarcaciones equipadas con tecnología satelital muestran que los traficantes se adaptan con rapidez. Aun un bombardeo sostenido solo lograría intermitencias, sin modificar la demanda estadounidense que sostiene al mercado.
El costo estratégico también es cuestionable. Atacar laboratorios o cargamentos con misiles de alto precio es ineficiente, mientras Colombia permanece en niveles récord de producción según la ONU. Además, cualquier vacante creada por la presión militar sería ocupada por jóvenes pobres en Venezuela, Colombia, Ecuador o Bolivia.
Si el objetivo es el cambio de régimen, la lógica tampoco cierra. Golpes aéreos podrían destruir infraestructura militar venezolana, pero la anticipación pública permite a Nicolás Maduro proteger activos y personal. Episodios recientes demuestran los límites del poder militar estadounidense: su tecnología permite eliminar líderes específicos, pero no garantiza control político duradero, como ocurrió en Afganistán o Irak.
Tampoco existe un escenario claro para una insurrección interna. El intento de 2019, impulsado en coordinación con Colombia y respaldado por el reconocimiento internacional a Juan Guaidó, fracasó con rapidez. Maduro resistió incluso bajo presión diplomática y económica intensa. Cualquier intento de cambio debe prever quién gobernaría después y si respondería realmente a intereses estadounidenses.
Una invasión terrestre está descartada por razones políticas y logísticas. Desplegar miles de soldados en un país de 30 millones de habitantes, con geografía compleja y un aparato militar todavía cohesionado, contradice el discurso de Trump sobre reducir presencia global. Con apenas 15,000 soldados estadounidenses en la región, sería impracticable y evocaría fracasos como Bahía de Cochinos.
El gobierno de Trump opera sin definir públicamente su meta: interrumpir el narcotráfico, presionar un colapso político o forzar un acuerdo para la salida personal de Maduro. Pero incluso esa última opción se complica si, como afirma la propia administración, Maduro es pieza central de redes criminales que difícilmente permitirían su abandono del poder.
La Casa Blanca se enfrenta así al dilema clásico de cualquier intervención mal planteada: es difícil retroceder sin mostrar debilidad, pero aún más difícil controlar las consecuencias una vez que comienza el uso de la fuerza.
