Lima.— Un grupo de familiares de las víctimas de la represión durante las protestas ocurridas en Perú entre diciembre de 2022 y 2023 exigió este viernes el encarcelamiento de la expresidenta Dina Boluarte, destituida un día antes por el Congreso, así como el cierre del Parlamento, al que acusan de haberla protegido durante su mandato.

Frente al Palacio de Justicia de Lima, una decena de manifestantes realizó un plantón para reclamar justicia por los al menos 49 muertos en las movilizaciones que estallaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo, de quien Boluarte era vicepresidenta. Los participantes portaban pancartas y fotografías de sus familiares fallecidos, denunciando impunidad y complicidad política.

Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Masacrados, relató que su hermano Marco Antonio, médico de profesión, fue asesinado por un disparo mientras auxiliaba a un herido el 9 de diciembre de 2022, durante las protestas en Ayacucho. “No podemos encontrar justicia”, lamentó, mencionando los nombres de las víctimas en Ayacucho, Apurímac, Junín y Puno, una de las regiones más afectadas por la represión.

Los manifestantes portaban una pancarta con la leyenda “Cárcel para Dina Boluarte, castigo a los cómplices”, en la que aparecían los logotipos ensangrentados de los partidos políticos que la sostuvieron en el poder —Acción Popular, Avanza País, Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú—, los mismos que en la madrugada del viernes votaron unánimemente por su destitución.

Boluarte, considerada la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3% de aprobación, fue destituida por “permanente incapacidad moral” a pocos meses de las elecciones generales de 2026.

Los familiares de las víctimas también rechazaron la designación de José Jerí, presidente del Congreso, como mandatario interino. “No nos sentimos representados por estos señores que blindaron a Boluarte”, afirmó Samillán.

Por su parte, Yovana Mendoza, de Ayacucho, pidió la disolución del Parlamento y el procesamiento penal de todos los responsables. “Queremos que Boluarte esté en la cárcel, así como quienes asesinaron y los que la protegieron”, declaró.

La bandera nacional, desgastada y con orificios de bala, ondeaba sobre los nombres de los fallecidos mientras los familiares exigían lo mismo que hace casi tres años: verdad, justicia y castigo a los culpables.

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