El Gobierno de Venezuela aseguró que la Organización de los Estados Americanos “carece de toda competencia” para opinar sobre procesos internos, tras el llamado del organismo a garantizar transparencia en la elección del fiscal general y del defensor del pueblo.
El canciller Yván Gil sostuvo que su país no forma parte de la OEA, por lo que consideró improcedente cualquier posicionamiento. Calificó como “disonante” que el organismo intente intervenir en asuntos que, afirmó, corresponden exclusivamente al orden constitucional venezolano.
La respuesta se produjo luego de que el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidiera que los procesos de designación cumplan con estándares de transparencia, mérito y participación ciudadana.
Organizaciones civiles venezolanas han señalado irregularidades en el proceso, entre ellas la falta de reglas públicas, ausencia de cronograma y criterios de evaluación no difundidos.
El procedimiento de selección inició tras la renuncia en febrero del fiscal general Tarek William Saab y del defensor del pueblo Alfredo Ruiz.
El Parlamento, controlado por el oficialismo, reportó la recepción de nuevas postulaciones tras una prórroga extraordinaria. En total, se registran 78 aspirantes para la Defensoría del Pueblo y 76 para la Fiscalía General.
El proceso ocurre en paralelo a la aplicación de una ley de amnistía aprobada en febrero, que contempla posibles liberaciones de presos por hechos ocurridos en distintos periodos, en un contexto de cuestionamientos sobre garantías institucionales y transparencia.
