EFE / Una juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó a una denunciante del rapero Sean Diddy Combs, imputado por tráfico sexual y trata de personas, que revele su identidad si no quiere que su denuncia sea desestimada.
La mujer -bajo el pseudónimo genérico de Jane Doe- había acusado a Diddy de violarla en un hotel de Manhattan en 2004, cuando ella tenía 19 años, y en la demanda había dicho que revelar su nombre le provocaría daños psicológicos.
Sin embargo, la juez Mary Kay Vyskocil indicó que este argumento “es insuficiente” y señaló que el abogado de la demandante “no ha presentado pruebas de ningún profesional de la salud mental, una declaración jurada de ella o cualquier otra prueba que demuestre que revelar su identidad perjudicaría su salud mental”.
Ahora, la mujer tiene hasta el 13 de noviembre para presentar una demanda con su propio nombre “o su caso será desestimado”.
El tribunal reconoce que “es probable” que la mujer, residente en Tennessee, se enfrente “a un escrutinio público si procede a revelar su identidad”, teniendo en cuenta que el magnate de la música es una figura pública.
No obstante, incide en que el interés de la demandante en evitar este escrutinio “no pesa más que los intereses de Combs y del público en la presunción habitual de apertura en los procedimientos judiciales”.
Además, señala que la presunta víctima “ha optado por interponer esta demanda formulando graves acusaciones contra Combs” y poniendo así su credibilidad en cuestión, por lo que Combs tiene derecho a investigar sus antecedentes y cuestionar sus alegaciones.
La juez también indica que otras demandantes del rapero como Cassie Ventura (su expareja) han utilizado sus nombres reales a la hora de interponer sus demandas.
Los abogados del artista han pedido al juez que supervisa el caso que revele la identidad de todos los denunciantes, alegando que el lenguaje de la acusación “podría interpretarse como que todo el historial sexual de Combs durante los últimos 16 años forma parte de la supuesta conspiración criminal”.
El rapero fue imputado el pasado septiembre por extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución, cargos por los que se ha declarado no culpable. El juicio se celebrará el 5 de mayo de 2025.
