Por Carlos Silva, La lengua de Dante.
La problemática de los condóminos es bien conocida por muchos y hasta hace relativamente poco tiempo, desestimada e ignorada por los gobiernos municipales que se desentendían de la serie de asuntos inherentes a este tipo de localidades, que por mucho tiempo ha venido a ser un modelo habitacional tan deslumbrante como engañoso.
De inicio la publicidad necesaria para atrapar a clientes incautos oscila casi siempre a partir de ofertar áreas verdes y otra serie de bondades al interior de los fraccionamientos y desarrollos habitacionales construidos al amparo de este modelo, lo cierto es que, tener ese tipo de pequeñas áreas verdes al interior de este tipo de fraccionamientos constituyen un lujo cuyo gasto se traslada por entero, al igual que otra serie de obligaciones, a quienes habrán de vivir en estos lugares y bajo este tipo de condiciones.
Privacidad, seguridad, zonas de amenidades, albercas y áreas verdes son tan solo algunos de los aspectos que los desarrolladores ofertan como ganchos para quienes ciertamente aspiran a vivir bajo este tipo de esquemas habitacionales, sin embargo en los hechos, la realidad termina siendo algo bien distinto a las bondades que en principio fueron ofertadas, pero para entonces, el daño ya está hecho.
Los condominios o fraccionamientos privados vinieron a ser esa extraña y rápida forma en la que algunos desarrolladores vivales encontraron la manera más expedita de hacer dinero, en tanto que a la par, hubo una serie de anteriores administraciones municipales que encontraron en ello el mejor pretexto para evadirse de una responsabilidad que les correspondía, la de proporcionar a los ciudadanos de dichos lugares los servicios públicos más elementales, siendo que los habitantes de dichos lugares, en su calidad de ciudadanos, ya habían contribuido al sostenimiento de las haciendas municipales, teniendo por ese sola razón, el derecho a contar con los servicios públicos más elementales a cargo de dicho ámbito de gobierno.
Empero, siendo que esta ha sido una modalidad que en otros tiempos les permitió a las autoridades municipales desprenderse de la obligación de brindar a los habitantes de dichas localidades esa serie de servicios a que se hallan obligados a proporcionar indistintamente a todos los habitantes de la demarcación municipal de que se trate, lo cierto es que terminaron “cediendo” dicha facultad a las asociaciones civiles conformadas a partir de las asambleas de colonos constituidas para atender justamente este tipo de temas, situación que prontamente devino en desvirtuado modelo que en los hechos, han terminando por excederse en sus atribuciones y facultades incurriendo en excesos, o bien, que terminaron por claudicar en sus intentos y gestiones.
Este tipo de organizaciones se han conformado bajo el argumento de que el Código Urbano del estado de Querétaro autoriza la conformación de este tipo asociaciones civiles justamente a partir de las respectivas asambleas de colonos que necesariamente deben integrarse para poder abordar los temas más urgentes que apremian a los habitantes de este tipo de lugares justamente a partir del abandono del que este tipo de fraccionamientos fueron objeto durante mucho tiempo por parte de una serie de gobiernos municipales, situación que hizo proliferar a este tipo de pequeños gobiernos, sin manejos poco claros y sin esquemas mediante los cuales los vecinos que contribuían al sostenimiento de dichas administraciones pudieran contar con la certeza de manejos claros, de ahí que la opacidad haya sido una constante en el manejo de este tipo de asociaciones y a su vez, sin resultados tangibles que beneficiaran a los habitantes de dichas localidades.
Por su parte y durante mucho tiempo, los gobiernos municipales dejaron de lado el pago del impuesto predial que año con año los contribuyentes que viven en dichos fraccionamientos venían pagando y al amparo de que se trataban de unidades habitacionales privadas, no fueron pocas las administraciones municipales que se desentendieron por completo de la obligación de brindar a los habitantes de dichos lugares los servicios públicos municipales a los que tienen derecho todos los habitantes que contribuyen al sostenimiento de dichas haciendas municipales, lo que en los hechos a los habitantes de dichos espacios les ha significado un doble pago, por una lado, del impuesto predial y por el otro, el pago de las cuotas de administración, recursos que en ambos casos, se orientan prácticamente a la misma finalidad, la de atender los servicios básicos.
Desde luego que este esquema es una clara herencia de un anterior círculo vicioso en el que, la condescendencia de diversas administraciones municipales del pasado, otorgaron una serie de cambios de uso de suelo y permisos de construcción a cambio ya sabemos de que tipo de prebendas, en tanto que diversos fraccionadores o desarrolladores incumplidos dejaron a la buena de Dios a una serie de colonias o fraccionamientos sin haber sido entregados al respectivo municipio, dejando a los habitantes de dichos lugares en completo desamparo provocando el desentendimiento de las autoridades municipales en las tareas más elementales como lo son la seguridad, el alumbrado, la recolección de la basura, el bacheo y el sostenimiento y la limpieza de los espacios públicos, tareas que la mayoría de las ocasiones, quedaron por entero en manos inexpertas en la administración de este tipo de tareas a cargo las m[as de las veces, de los mismos vecinos.
Por ello no deja de ser oportuna la decisión que desde su primera administración municipal ha venido impulsado el actual edil capitalino Luis Nava para comenzar a atender las necesidades más apremiantes en ese tipo de fraccionamientos y colonias que de otra suerte, habrían permanecido en el desamparo y se nota desde ahora el esfuerzo también que algunos legisladores locales vienen emprendiendo con la idea de atender y atajar añejas problemáticas como la de los macro medidores de agua como una medida más que tienda a aliviar de una vez por todas, algunos de los problemas más sentidos de los que los diputados tuvieron conocimiento durante las más recientes campañas electorales.
Ojalá que el resto de los municipios conurbados como lo son Corregidora, El Marqués y Huimilpan emulen pronto el buen ejemplo que hasta ahora les ha brindado el municipio capitalino, al menos en lo relativo al tratamiento de este tipo de desarrollos habitacionales, al tiempo que desde ahora se evite que dicha problemática se siga replicando en lo sucesivo.
Algo es claro, los ciudadanos no tienen porque seguir pagando dos veces por los mismos servicios, los cuales, básicamente están a cargo de la autoridad municipal en la demarcación correspondiente.