La administración de Donald Trump instruyó a las embajadas de Estados Unidos a registrar y reportar a Washington qué gobiernos financian o promueven abortos, eutanasia, procesos de cambio de sexo en menores y políticas de diversidad. Las nuevas directrices formarán parte de los informes anuales sobre derechos humanos.
El Departamento de Estado sostiene que estas prácticas constituyen “nuevas ideologías destructivas”. Su portavoz adjunto, Tommy Pigott, afirmó que no quedarán “impunes” acciones que, según esa visión, implican mutilación de menores, restricciones a la libertad de expresión o políticas laborales basadas en raza.
Las embajadas deberán documentar: subsidios públicos a abortos o medicamentos abortivos; número total de interrupciones voluntarias del embarazo; políticas de diversidad, equidad e inclusión; procedimientos de cambio de sexo en menores, considerados “mutilación química o quirúrgica” por la administración; reportes de coacción para la eutanasia; afectaciones a libertad de expresión; violaciones a libertad religiosa, con énfasis en antisemitismo; y prácticas que faciliten migración masiva o irregular.
Las directrices forman parte de la ofensiva política de Trump contra lo que denomina “wokismo”. El último informe de derechos humanos del Departamento de Estado, publicado en agosto, ya había eliminado las secciones relativas a derechos LGBTI y corrupción.
