Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la extensión de protección del Servicio Secreto otorgada a la exvicepresidenta Kamala Harris, medida que había sido firmada por Joe Biden antes de dejar la Casa Blanca.

Por ley, Harris tenía derecho a seis meses de seguridad tras concluir su mandato en enero pasado, plazo que venció en julio. Sin embargo, Biden ordenó prolongar la protección por un año más, disposición que Trump anuló en un memorando fechado el 29 de agosto, al que la BBC tuvo acceso.

La decisión llega en un momento políticamente sensible: Harris iniciará en septiembre una gira nacional para promover su libro 107 Days, en el que relata su fallida campaña presidencial de 2024.

Con la medida, la exvicepresidenta perderá a los agentes asignados a su resguardo personal y a la vigilancia de su residencia en Los Ángeles, así como la inteligencia preventiva de amenazas. El costo de contratar seguridad privada podría alcanzar millones de dólares anuales.

Reacciones políticas

El gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticaron duramente la decisión. Bass la calificó como “un acto de venganza” y aseguró que hará todo lo posible para garantizar la seguridad de Harris en su ciudad.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha retirado protecciones similares a varios personajes, incluidos Hunter y Ashley Biden, hijos del expresidente, Anthony Fauci, y antiguos aliados como Mike Pompeo y John Bolton.

Seguridad y riesgos

El argumento oficial de la Casa Blanca es que las evaluaciones de riesgo no justificaban extender la protección de Harris más allá del plazo legal. Sin embargo, exagentes del Servicio Secreto han recordado que, como la primera mujer y la primera afroamericana en ocupar la vicepresidencia, Harris enfrentó amenazas particulares.

En 2024, un hombre de Virginia fue acusado de amenazarla en línea, y en 2021 una mujer de Florida se declaró culpable de haber enviado mensajes intimidatorios contra ella.

El tema reabre el debate sobre el uso político del Servicio Secreto y los riesgos de seguridad para exfuncionarios de alto perfil, especialmente en un contexto de polarización.

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