El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con invocar la Ley de Insurrección, una norma excepcional que le permitiría desplegar a las Fuerzas Armadas para contener disturbios internos, ahora en el contexto de protestas crecientes en Minneapolis contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Desde su primer mandato, Trump ha mencionado en repetidas ocasiones esta ley, rara vez utilizada debido a su alto costo político y a las amplias facultades extraordinarias que concede al Ejecutivo. Aunque ya ha recurrido al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas sin activar formalmente la ley, esa estrategia recibió un revés reciente tras un fallo de la Suprema Corte que limitó su margen de maniobra.
En ese escenario, la Ley de Insurrección reaparece como una alternativa legal más viable. Menos de un mes después del fallo judicial, el gobierno federal envió miles de agentes del ICE a Minneapolis. Las protestas derivaron en enfrentamientos, tiroteos y la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente federal. El Gobierno sostiene que el uso de la fuerza fue en defensa propia, aunque el hecho detonó una fuerte reacción social.
El principal obstáculo para Trump es la percepción pública. Funcionarios de la Casa Blanca han expresado preocupación por el impacto político de una decisión de este calibre. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses considera injustificado el uso de la fuerza letal en el caso Good y responsabiliza al propio Gobierno del clima de tensión.
Una encuesta de CNN indicó que el 56 % de los votantes registrados calificó el tiroteo como inapropiado, frente a un 26 % que lo consideró justificado. Otros sondeos revelan márgenes similares, con diferencias de entre 18 y 30 puntos en contra de la versión oficial. Además, el 51 % de los encuestados señaló que el caso refleja problemas estructurales en la forma de operar del ICE.
La percepción negativa se extiende a la política migratoria en general. Según CNN, el 51 % de los estadounidenses considera que las acciones de control migratorio están haciendo que las ciudades sean menos seguras. Una encuesta de Yahoo-YouGov mostró que el 54 % cree que las redadas del ICE han causado más daño que beneficios.
Estas cifras contrastan con el respaldo previo a una política de deportaciones más estricta, uno de los ejes discursivos de Trump. Sin embargo, el exceso en la aplicación de la fuerza parece haber erosionado ese apoyo y debilitado una de sus principales ventajas políticas.
El episodio de Minneapolis se suma a una narrativa más amplia de presunto abuso de poder. Despliegues anteriores de la Guardia Nacional en ciudades como Chicago, Portland y Washington generaron rechazo progresivo en la opinión pública y afectaron incluso los niveles de aprobación presidencial en materia de seguridad, tradicionalmente uno de los puntos fuertes de Trump.
De acuerdo con una encuesta reciente de AP-NORC, el 62 % de los estadounidenses considera que el presidente está abusando de su autoridad para imponer su agenda, percepción que se extiende a otros frentes como los aranceles y la política exterior.
Aunque la situación en Minneapolis sigue evolucionando, los datos disponibles no muestran una opinión pública dispuesta a respaldar una represión militar interna. Por el contrario, sugieren un desgaste significativo derivado del uso de fuerzas federales y del ICE en territorio estadounidense.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, enfrentaría el riesgo de profundizar una crisis que buena parte de la sociedad atribuye a su propio gobierno, con consecuencias políticas que podrían marcar el resto de un eventual segundo mandato.
