Un tribunal federal en Estados Unidos dictó que Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont y acusado en México de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, reciba una audiencia individualizada de fianza o sea liberado. La resolución prohíbe además que las autoridades lo trasladen fuera del distrito mientras se cumple la orden judicial.
La decisión del Tribunal de Distrito del Sur de Florida, emitida el 15 de octubre de 2025, responde al recurso presentado por Álvarez Puga contra su detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el 24 de septiembre de 2025. Tras su arresto, el empresario fue trasladado al centro de detención Krome North SPC en Miami, Florida. ICE había argumentado que Álvarez Puga estaba sujeto a detención obligatoria al considerarlo un “solicitante de admisión” al país.
La jueza Cecilia M. Altonaga destacó que Álvarez Puga es un ciudadano mexicano, empresario y sin antecedentes penales en Estados Unidos. Ingresó al país el 14 de enero de 2021 como no inmigrante, con autorización hasta julio de 2021, y tras un viaje a Las Bahamas regresó el 10 de julio de 2021 por vía marítima sin ser inspeccionado formalmente por un oficial de inmigración. Desde entonces, permaneció en Estados Unidos hasta su detención.
Álvarez Puga solicitó asilo en 2022, argumentando persecución en México por sus “creencias políticas conservadoras” y temor de regresar al país debido a su opinión política y pertenencia a un grupo social particular. Hasta la fecha del fallo, la USCIS no ha entrevistado al empresario, y su solicitud sigue pendiente.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga desde 2019 a Álvarez Puga, su esposa y otras cinco personas y siete empresas por presunto desvío de recursos, simulación de operaciones y lavado de dinero. Según la FGR, las operaciones implicaban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social para encubrir recursos mediante comprobantes fiscales falsos.
Hasta 2022, la FGR no ha acreditado que Gómez Mont y su esposo fueran los líderes del entramado delictivo ni los principales beneficiados: Gómez Mont recibió depósitos por cerca de 14.8 millones de pesos, equivalentes al 0.5% del monto presuntamente desviado, mientras que Álvarez Puga realizó operaciones por menos de 250 mil pesos.
En abril de 2023, un tribunal federal mexicano invalidó la orden de aprehensión contra Gómez Mont, ordenando reponer la audiencia de 2021 en la que se había solicitado su detención.
