En su primera semana de sesiones de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de la lista del Pleno el proyecto que analizaría la constitucionalidad de la reforma que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Aguascalientes.
Sin anunciar una nueva fecha para su discusión, organizaciones civiles advirtieron que la decisión prolonga la incertidumbre jurídica y médica para las mujeres de esa entidad. Católicas por el Derecho a Decidir México señaló que la postergación impide garantizar un derecho que, aseguran, ya está suficientemente discutido y sustentado.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en 2024 por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra disposiciones del Código Penal de Aguascalientes y una ley estatal que protege la vida desde la concepción. La reforma fue aprobada por el Congreso local el 28 de agosto de 2024.
Aidé García Hernández, directora de la organización, calificó como delicado el retraso, al considerar que los nueve ministros y ministras, electos por voto popular el 1 de junio pasado, han sido identificados como de perfil progresista. Recordó además que en 2023 la propia Corte determinó la despenalización del aborto a nivel nacional y ordenó a los congresos estatales armonizar sus leyes para permitir la IVE hasta las 12 semanas.
Aunque la SCJN no explicó las razones para retirar el asunto, se presume la existencia de presiones de la Iglesia católica y de actores políticos del Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna Aguascalientes desde hace décadas. Tras conocerse que el proyecto estaría a cargo del ministro Irving Espinosa, la arquidiócesis acusó a la Corte de “despreciar la vida humana”.
Espinosa respondió que el proyecto no busca permitir el aborto en cualquier momento del embarazo, sino impedir que los congresos locales reduzcan el plazo legal establecido, como ocurrió en Aguascalientes. Organizaciones civiles sostienen que la intervención de la Iglesia en este proceso vulnera el principio de laicidad del Estado mexicano.
Actualmente, 24 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12. Aguascalientes, con un límite de seis semanas, y Sinaloa, con 13, se mantienen fuera de ese estándar, pese a la sentencia de la Corte que declaró inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo.
