A menos de una semana de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum anunció la creación de una comisión especial que elaborará su propuesta de reforma electoral, con la promesa de “poner en el centro la democracia y el pueblo”.
De acuerdo con el comunicado oficial, la comisión estará encabezada por Pablo Gómez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El resto de sus integrantes será dado a conocer en los próximos días, aunque el Gobierno adelantó que trabajarán en coordinación con legisladores, académicos, organizaciones y ciudadanía.
La comisión tendrá dos tareas principales: hacer un diagnóstico del modelo electoral actual y redactar la iniciativa legislativa que será enviada al Congreso.
Entre las ideas que Sheinbaum ha adelantado están la reducción del financiamiento público a partidos, el recorte del número de legisladores y el abaratamiento de las elecciones. Ninguno de estos puntos es nuevo, pero su impulso desde el Ejecutivo puede reactivar el debate en un momento clave de la transición política.
El nombramiento de Pablo Gómez, figura histórica de la izquierda y defensor de las causas democráticas desde hace décadas, también plantea interrogantes. Aunque es un perfil respetado, su paso reciente por la UIF lo vinculó más con las estructuras del poder que con la crítica institucional.
La futura reforma electoral será la tercera gran propuesta de cambio institucional impulsada por Morena en los últimos años. Las dos anteriores —la reforma eléctrica y la militar— enfrentaron resistencias en el Congreso. En este nuevo intento, Sheinbaum apuesta por su mayoría legislativa y por el capital político recién adquirido en las urnas.
Lo que está en juego, sin embargo, no es menor: el equilibrio entre austeridad y pluralismo, entre representación y gobernabilidad. Y, en el fondo, la definición misma de lo que el oficialismo entiende por democracia.
