El Senado de Argentina inició el debate final de la Ley de Modernización Laboral promovida por el presidente Javier Milei, iniciativa que introduce cambios estructurales en las condiciones de trabajo.
El proyecto modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, con una reducción en los montos, y establece un “banco de horas” que permite compensar horas extra con días de descanso. También amplía el listado de actividades consideradas esenciales, lo que limitaría el ejercicio del derecho a huelga en más sectores.
El 11 de febrero la iniciativa fue tratada en el Senado y posteriormente aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados, por lo que regresó a la Cámara Alta para su ratificación definitiva.
Durante la jornada, trabajadores, sindicatos y organizaciones de izquierda se concentraron frente al Congreso. El operativo de seguridad se desplegó desde primeras horas del día y la presencia policial fue reforzada en los alrededores del edificio legislativo.
Las centrales sindicales sostienen que la reforma implica una reducción de derechos laborales. Sectores empresariales respaldan en términos generales el proyecto, aunque señalan que la creación de empleo formal dependerá también del crecimiento económico, el acceso al crédito y el fortalecimiento del mercado interno.
