El Pleno del Senado aprobó por unanimidad de 123 votos el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia del Bienestar, con lo cual se convalida a rango constitucional la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años.
De la misma forma establece que los programas sociales quedan establecidos en la Carta Magna para todas las personas en situación de vulnerabilidad.
El decreto aprobado está encaminado a garantizar un estándar mínimo de desarrollo para las personas con discapacidad, personas adultas mayores, campesinos y pescadores del país.
El dictamen establece el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada.
Además, plantea que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva y permanente a las personas con discapacidad menores de 65 años, mientras que a todas las personas mayores de 65 les corresponderá una pensión no contributiva de adultos mayores.
Con la reforma, el Estado deberá garantizar la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años.
Para tal efecto, se precisa que se destinarán anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, por lo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Asimismo, en el documento también se subraya que el Estado garantizará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala.
El dictamen subraya que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, dijo que es fundamental elevar a rango constitucional los programas sociales, para que sean derechos inalterables, inalienables e inobjetables.
Se trata, agregó, de una de las reformas constitucionales “más nobles” que se hayan tratado en la historia del Congreso, porque “versa sobre el corazón del Estado”.
La legisladora enfatizó que, de esta forma se garantiza que los programas sociales sean universales, ya que pasan a constituir un derecho para todas y todos los mexicanos, sin importar “por qué partido se vote o si las personas apoyan a determinado perfil político”.
Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que esto “representa un paso gigantesco” para definir el tipo de Estado que se busca en México: uno donde los derechos de las personas, especialmente de aquellas que sufren de carencias, por fin sean reivindicados al incluirlos en la Carta Magna.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que los programas de bienestar se fondearán con lo obtenido a través del combate a la corrupción y la evasión fiscal, y que no hay posibilidad de que se usen con fines electorales, al estar garantizados universalmente en la Constitución.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Díaz Marmolejo, refrendó el respaldo de su bancada a favor de los programas sociales que beneficien a los mexicanos.
