Con el objetivo de garantizar viviendas dignas para la población, el Senado de la República aprobó este jueves una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que contempla la creación de una empresa constructora sujeta a mecanismos de control y transparencia. El nuevo esquema prevé arrendamientos accesibles con opción de compra para trabajadores.
La iniciativa fue discutida durante casi seis horas en un debate intenso entre legisladores de Morena y sus aliados, quienes defendieron la reforma, y la oposición, conformada por senadores del PAN, PRI y MC, quienes rechazaron la propuesta desde un inicio. Finalmente, el dictamen fue avalado en lo general con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones. En lo particular, la votación fue de 67 votos a favor y 35 en contra, por lo que la reforma fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Durante la sesión, se rechazaron diversas reservas presentadas por la oposición a artículos clave de la Ley del Infonavit, así como a varios transitorios del decreto. No obstante, se respaldaron modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados con el fin de fortalecer la rendición de cuentas, la vigilancia y el control del Infonavit.
Entre los principales cambios aprobados, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitirá normas prudenciales para regular la captación de recursos y la administración de créditos con un enfoque social. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá facultades para fiscalizar las actividades del Infonavit, con la excepción de los créditos otorgados a los trabajadores.
Además, la reforma dispone que el fondo de inversión administrado por el Infonavit, así como los proyectos de construcción y la contratación de proveedores de la nueva empresa filial, estarán disponibles al público para garantizar la transparencia en el manejo de recursos.
A pesar de las medidas de control establecidas, la oposición expresó su preocupación sobre el manejo de los ahorros de los trabajadores. La senadora panista Gina Gerardina Campuzano advirtió que la reforma pone en riesgo 2.4 billones de pesos (aproximadamente 117 mil millones de dólares) que podrían afectar a 77 millones de familias. “No tendremos ni idea de qué harán con esos ahorros, porque ni el Gobierno podrá revisar a la empresa constructora que usará esos recursos”, señaló.
Ante estas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió en diciembre pasado que la reforma busque afectar los ahorros de los trabajadores y aseguró que su propósito es fomentar la construcción de vivienda de interés social, recuperar terrenos abandonados y permitir auditorías por un organismo público especializado.
Con la aprobación de esta reforma, el Gobierno busca impulsar un esquema de vivienda accesible y fortalecer la supervisión del Infonavit, aunque persisten las dudas de la oposición sobre el destino de los recursos y la autonomía de la nueva empresa constructora.
