Horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara su política arancelaria, el presidente Donald Trump afirmó que el fallo lo hacía “más fuerte”. Sin embargo, el viraje hacia una nueva autoridad legal plantea obstáculos jurídicos y políticos.
La Casa Blanca señaló que evaluará la imposición de un arancel global de hasta 15 % bajo la Sección 122(a) de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición permite al presidente aplicar aranceles temporales por 150 días en caso de “grandes y serios déficits de balanza de pagos”.
El punto crítico radica en la diferencia conceptual entre déficit comercial y déficit de balanza de pagos. La Sección 122 fue diseñada para responder a desequilibrios macroeconómicos amplios, no específicamente a déficits comerciales, argumento central de la estrategia arancelaria previa.
Documentos legales de la propia administración en 2025 reconocieron que la Sección 122 no tenía una “aplicación obvia” frente a preocupaciones derivadas de déficits comerciales. Esta postura debilita la consistencia argumentativa del Ejecutivo ante eventuales impugnaciones.
Analistas subrayan que la balanza de pagos estadounidense no presenta actualmente un desequilibrio severo bajo los criterios históricos que motivaron la norma. Además, la ley distingue explícitamente entre balanza comercial y balanza de pagos, lo que refuerza la separación jurídica entre ambos conceptos.
Otro límite relevante es la temporalidad. Los aranceles bajo esta autoridad expiran a los 150 días salvo aprobación del Congreso, escenario considerado improbable dada la división política y el escepticismo de legisladores republicanos.
La restricción del 15 % también reduce la flexibilidad del Ejecutivo para ajustar tarifas por país, disminuyendo el margen de negociación internacional y la capacidad de presión comercial.
Un segundo revés judicial representaría un golpe acumulativo para la política económica emblemática de Trump, al tiempo que estrecharía las alternativas legales disponibles para reactivar medidas similares.
