El imponente Santuario del Sagrado Corazón, una iglesia católica a poca distancia de la Casa Blanca, fue concebido para que fuese un refugio para los fieles. Ahora su congregación, formada en su mayoría por inmigrantes, está sumida en el miedo.
Los clérigos que la encabezan dicen que más de 40 miembros de su parroquia han sido detenidos, deportados o ambas cosas desde que las fuerzas policiales de Estados Unidos intensificaron su despliegue en agosto.
Muchos feligreses tienen mucho miedo de salir de casa para asistir a misa, comprar alimentos o buscar atención médica, ya que la represión migratoria por parte del gobierno del presidente Donald Trump apunta a sus comunidades.
El cardenal Robert McElroy, que encabeza la arquidiócesis de Washington, declaró que el gobierno estaba valiéndose del miedo para robarles a los inmigrantes “cualquier sentido de paz o seguridad reales”.
“Realmente es un instrumento de terror”, dijo a The Associated Press.
El incremento en las fuerzas policiales federales por parte de Trump técnicamente concluyó el 10 de septiembre. Pero elementos de la Guardia Nacional y agentes federales permanecen en la capital de la nación. Eso incluye a autoridades de inmigración, que continúan merodeando cerca del Sagrado Corazón, la cual se encuentra en una pujante comunidad hispana flanqueada por dos vecindarios —Columbia Heights y Mt. Pleasant— que han sido hogar de sucesivas oleadas de inmigrantes.
La parroquia fue establecida hace más de 100 años por inmigrantes irlandeses, italianos y alemanes. En la actualidad, la mayoría de sus 5.600 miembros provienen de El Salvador, pero también de Haití, Brasil y Vietnam.
Las redadas migratorias han trastornado vidas y el culto en el Sagrado Corazón. Las familias lloran por sus seres queridos desaparecidos. La asistencia a las misas, que se celebran en varios idiomas, ha disminuido drásticamente, lo cual es visible en las muchas bancas vacías bajo los coloridos mosaicos de la iglesia con cúpula.
“Aproximadamente la mitad de las personas tienen miedo de venir”, dijo el padre Emilio Biosca, sacerdote de la iglesia.
Pero la comunidad del templo rechaza ser reducida a víctimas impotentes. Durante la crisis, sacerdotes y voluntarios han asistido a audiencias en tribunales de inmigración, pagado alquileres y honorarios jurídicos, y donado y entregado alimentos a aquellos que temen salir de casa.
“Nuestro papel aquí en la iglesia ha cambiado, también de manera drástica”, explicó Biosca. “Debido a que tenemos tantas personas que se ven afectadas negativamente por esa situación, no podemos seguir como si no pasara nada”.
