La creciente presión migratoria bajo el gobierno de Donald Trump ha encendido las alarmas entre productores agrícolas del sur de California, quienes advierten que las redadas federales no solo están sembrando miedo entre los trabajadores del campo, sino que también amenazan con desmantelar la cadena alimentaria de todo el país.
Una de las voces más críticas es la de Lisa Tate, agricultora de cuarta generación con ocho haciendas familiares en el área de Ventura, dedicada a la producción de cítricos, aguacate y café. “Nunca había visto una amenaza así para el campo”, dijo a la agencia AFP.
“Me preocupé cuando vi a agentes de inmigración entrando al valle central, cazando gente en las haciendas, violando incluso el derecho de propiedad. No estamos acostumbrados a ver eso en la agricultura”, relató.
“Todo el mundo tiene miedo”
La empresaria de 46 años sostiene que las redadas están afectando no solo a quienes trabajan directamente en la cosecha, sino a toda la cadena alimenticia: transportistas, empacadores, comerciantes y productores. Incluso personas con ciudadanía o residencia legal se sienten intimidadas.
“Estoy nerviosa y asustada porque nos sentimos atacados”, afirmó Tate.
Otros agricultores declinaron hablar con la prensa por temor a represalias. Pero la preocupación es compartida: según cifras del Departamento de Agricultura, al menos 42 % de los trabajadores del campo carecen de autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
El uso de visas temporales (como el programa H-2A) se ha triplicado en la última década, pero sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda.
Mano de obra esencial y escasez persistente
Tate subraya que, contrario a la creencia de algunos sectores, los estadounidenses no buscan estos trabajos: largas jornadas bajo el sol o la lluvia, exigencia física extrema y salarios bajos. “Remover a quienes realmente están en el campo provocaría un estrago inmensurable”, advierte.
Además de paralizar cultivos y elevar los precios de los alimentos, la agricultora advierte que podría llevar a una mayor dependencia de importaciones, con consecuencias para la seguridad alimentaria nacional.
“Necesitamos una legislación que funcione para los trabajadores, que les garantice seguridad, y que equilibre las condiciones del comercio internacional con las necesidades del país”, sostuvo.
“Solo queremos trabajar”
El impacto humano de estas políticas es evidente. Silvia, una trabajadora agrícola de 32 años originaria de México, asegura vivir con miedo constante. En una reciente redada en Oxnard, vio cómo arrestaban a varios de sus amigos.
“Estamos entre la espada y la pared. Si no vamos a trabajar, no tenemos con qué pagar los gastos; pero si salimos, corremos el riesgo de que nos detengan”, comentó. Sus dos hijas nacieron en Estados Unidos.
Miguel, otro trabajador con más de 30 años en los campos californianos, resume el sentimiento colectivo: “Así como está trabajando el gobierno de acá, todos pierden. Nosotros el empleo, los patrones la mano de obra, y el pueblo la comida”.
“Ojalá investigaran un poco. Todo lo que se consume viene del campo. Sería bueno que tomaran conciencia y nos permitieran dejar de escondernos”, finalizó.
