Una red de contrabando de mercurio con epicentro en las minas del estado de Querétaro ha movilizado al menos 200 toneladas del metal tóxico hacia Bolivia, Colombia y Perú, en una operación que violenta el Convenio de Minamata y que, según la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), está bajo el control de grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El mercurio, utilizado en la minería ilegal de oro, ha generado un mercado negro altamente rentable. Según el informe de la EIA, entre abril de 2019 y junio de 2025, se estima que se han producido al menos 8 mil millones de dólares en oro ilegal, gracias al mercurio extraído en México. El comercio ilícito ha financiado también a grupos armados en Colombia y ha exacerbado la destrucción ambiental en regiones amazónicas como Madre de Dios, en Perú.
Los investigadores documentaron que las minas de Cristo Vive, El Mono, La Fe y La Peña —todas en Querétaro— han sido fortificadas y militarizadas con torres de vigilancia, alambre de púas y sistemas de cámaras, controladas presuntamente por el CJNG.
“Estamos frente a una nueva fiebre del mercurio en Querétaro”, advierte la EIA, que calculó un alza récord del precio del metal —hasta 330 dólares por kilo— a inicios de 2025.
La EIA denuncia que la producción minera primaria de mercurio sigue activa en México, pese a los compromisos internacionales. Aunque el Convenio de Minamata permite una “transición” hasta 2032, en la práctica —señala el informe— la extracción sigue fuera de control, alentada por la demanda y el alto margen de ganancia: en Colombia y Perú, el mercurio llega a venderse a un 400% más que en México.
El organismo propone que México cierre de manera anticipada todas sus minas de mercurio antes de que termine 2025, con una transición justa para las comunidades mineras. También urge modificar el Convenio de Minamata para prohibir completamente la minería de oro artesanal que usa mercurio, y detener el comercio internacional del metal.
“El mercurio es un catalizador tóxico de delitos convergentes: violaciones a derechos humanos, tráfico de armas y drogas, y devastación ambiental”, concluye el informe.
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