Querétaro consolidó el Sistema Estatal de Justicia Cívica como una política pública de alcance estatal, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González, con un enfoque preventivo orientado a la solución pacífica de conflictos, la corresponsabilidad social y la atención temprana de conductas de riesgo.
Implementado en los 18 municipios desde julio de 2024, el Sistema reincorporó el trabajo comunitario como sanción ante faltas administrativas y conflictos vecinales, con énfasis en la reparación del daño, la recuperación del orden y el fortalecimiento del tejido social.
Mediante procesos orales y ágiles, las personas infractoras reciben sanciones sociales como la restauración de espacios públicos, mantenimiento de escuelas y apoyo a servicios municipales, con beneficios directos para la comunidad.
Durante 2025 se registraron 64 mil 213 faltas administrativas en la entidad; el 8.06 por ciento fue sancionado con trabajo comunitario. A la fecha se han aplicado cinco mil 176 sanciones comunitarias, con un cumplimiento del 83 por ciento, derivadas de 875 jornadas en 250 colonias, que permitieron mejorar 455 espacios públicos.
Como parte de la estrategia de Justicia Cotidiana, se celebraron 906 convenios mediante la policía de proximidad, evitando la escalada de conflictos vecinales y fortaleciendo la convivencia social.
El modelo cobra relevancia en un contexto donde, por cada persona detenida por un delito, se registran en promedio cinco infractores por faltas administrativas, lo que refuerza la necesidad de atención temprana y prevención.
Las cinco principales faltas administrativas, que concentran el 70 por ciento del total estatal, son el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desobediencia a la autoridad, portación de instrumentos para el consumo de sustancias prohibidas, portación de sustancias tóxicas y alteración del orden público.
El fortalecimiento de la prevención y la proximidad policial derivó en una reducción del 4.99 por ciento en la incidencia delictiva, de acuerdo con cifras del periodo enero–noviembre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En materia de salud, el Programa para la Atención de Infractores de Reglamentos Cívicos con Adicciones, operado por la Secretaría de Salud a través del CECA, permitió canalizar a personas con consumo problemático hacia procesos de diagnóstico, atención y rehabilitación. En coordinación entre municipios y estado se gestionaron 412 tratamientos en centros especializados.
Con estos resultados, Querétaro afianza un modelo de Justicia Cívica preventivo y operativo, enfocado en atender las causas del conflicto y generar impactos medibles en la convivencia social.
